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"La Ley LIDER prepara Madrid para las próximas décadas"
El portavoz popular defiende que la nueva normativa permitirá reducir los plazos urbanísticos

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Carlos Díaz-Pache, portavoz del GPP

Regional |

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), una reforma destinada a preparar a la Comunidad de Madrid para las próximas décadas. Tras la Junta de Portavoces, el dirigente popular ha asegurado que la normativa permitirá acabar con los procedimientos administrativos interminables que, a su juicio, dificultan el crecimiento de la región y ralentizan la construcción de nuevas viviendas.

Uno de los principales objetivos de la ley será reducir los plazos de tramitación urbanística. Según ha explicado Díaz-Pache, la reforma también contempla una mayor autonomía para los ayuntamientos, más seguridad jurídica para quienes quieran invertir y construir y la eliminación de trabas administrativas para facilitar el desarrollo de nuevos barrios. "Es una ley transformadora que prepara Madrid para las próximas décadas", ha afirmado el portavoz popular.

Díaz-Pache ha defendido que el incremento de la oferta de vivienda responde a una cuestión de modelo político y ha contrapuesto la estrategia del Gobierno regional a las políticas del Ejecutivo central. Mientras, según sus palabras, otros apuestan por intervenir el mercado y "repartir la escasez", el PP madrileño defiende construir más viviendas, ofrecer garantías a los inversores y eliminar los obstáculos que frenan la oferta. En este sentido, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de permanecer instalado en la "parálisis", frente a una Comunidad de Madrid que, ha asegurado, "continúa impulsando reformas".

Durante su comparecencia, el portavoz popular también se ha referido a los incidentes registrados durante la huelga general y a la cancelación de un acto de la consejera de Educación por las protestas de grupos radicales. Díaz-Pache ha calificado estos episodios como "violencia política" y ha reclamado a la Delegación del Gobierno que garantice la seguridad y la libertad de expresión. "Nadie puede arrogarse el derecho de decidir quién puede hablar y quién tiene que callarse", ha señalado.

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