Moraleja de Enmedio aprobaba a través del Pleno Municipal por unanimidad aumentar los recursos desde el Gobierno Regional, impulsando los convenios de Servicios Sociales, con los votos a favor de PSOE, Cs, PP Y VOX. La Concejala de Servicios Sociales Paqui Mora Pavón ha propuesto y explicado las medidas que han sido aprobadas, entre ellas prorrogar los actuales convenios de servicios sociales tramitándolos de urgencia. De esta manera, se incrementará también la partida presupuestaria destinada a los convenios de servicios sociales.
Otra de las medidas que se han autorizado es la de ajustar los recursos asociados a los convenios además de a la cantidad de población, también a parámetros como el porcentaje en riesgo de pobreza y/o exclusión social y en la renta per cápita. El objetivo es aumentar la partida presupuestaria del programa para la lucha contra la exclusión social. Además, admitiéndose ampliar a tres años la duración de los convenios.
Por otro lado, según las decisiones avaladas en el Pleno, se pretenderá trasladar desde el Gobierno Regional las propuestas de prórroga o nuevos convenios en el tercer trimestre del año, a partir de los cuales se tiene la intención de alcanzar la ratio mínima de un profesional de referencia de atención social 1x3000 a través de los convenios.
Coordinación con los ayuntamientos y prioridad a los servicios sociales son los puntos de interés de las nuevas medidas.
Los nuevos órdenes pretenderán recuperar y mejorar los espacios y mecanismos de coordinación con los ayuntamientos, facilitando desde el Gobierno Regional los datos de listas de espera y datos estadísticos que permitan una mejor atención a los ciudadanos desde los municipios. Incluyendo una reunión bimensual de la titular de la Consejería de Políticas Sociales con la Comisión de Bienestar Social, Cooperación y Familia de la Federación Madrileña de Municipios se tratarán de incorporar sus aportaciones.
El Ayuntamiento de Moraleja ha transmitido a través de su cuenta de Facebook su propósito de trasladar este acuerdo aprobado por unanimidad por los diferentes grupos políticos, a la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, así como al conjunto de los Grupos Parlamentarios en la Asamblea de Madrid.
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