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La ejecución de los desahucios de Maricamente, de 87 años, en el distrito de Retiro, y de David, en Vallecas, ha explotado de lleno en el debate político en Madrid. La portavoz del Partido Socialista, Reyes Maroto, ha cargado contra la gestión urbanística del Ejecutivo del PP, mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha encuadrado los lanzamientos dentro de la estricta legalidad y ha rechazado las acusaciones de inacción por parte del Consistorio.

Maroto ha contrapuesto, así, la situación de los afectados con las prioridades de la agenda del alcalde. "Mientras se están produciendo estos desahucios, el PP madrileño se pasea por IFEMA de la mano de los grandes inversores inmobiliarios", denuncia la edil de la formación, quien califica esta situación como la demostración del "modelo de vivienda" de los populares. Recalca, además, que es una "alfombra roja para los fondos buitre y la calle para quienes necesitan un hogar".

La concejala socialista ha afeado a Almeida que, conociendo la situación de vulnerabilidad de los afectados, haya optado por "seguir mirando hacia otro lado" mientras la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) cuenta, según sus cifras, con "1.300 pisos vacíos". Por todo ello, Maroto exige que haya una "solución habitacional inmediata y digna" para ambas familias, así como la activación de medidas de contención para frenar la expulsión de vecinos en los barrios. “Madrid tiene que ser una ciudad en la que el derecho a la vivienda esté por encima del negocio inmobiliario”, ha enfatizado.

“A nadie nos gustaría vivir una situación como la de Maricarmen en estos momentos; desde el punto de vista humano es muy dura y difícil”, así ha admitido el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la dureza de los hechos, pero subraya que los desahucios responden a un "mandato judicial que se tiene que cumplir".

El primer edil también ha sacado pecho de la actuación municipal, afirmando que el Consistorio ha desplegado "todos los medios de los servicios sociales" a disposición de la afectada, detallando la oferta de teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional, asistencia del SAMUR y un recurso habitacional de emergencia.

Almeida también ha puesto el foco en la Administración General del Estado después de las declaraciones del Ministerio de Vivienda y la Delegación del Gobierno. El regidor ha desmentido a la ministra de Vivienda afirmando que "sí se ha elaborado un informe de vulnerabilidad" y ha reprochado a la Delegación del Gobierno que pretenda "quitarse de en medio" en un momento crítico. "Cada administración debe dar lo mejor de sí misma para responder a este mandato judicial”, ha zanjado Almeida.