El Gobierno de la Comunidad de Madrid entregó 3.000 viviendas públicas a las garras de fondos buitre. Así lo ha constatado el Tribunal Superior de Justicia quien señala que la venta de casi 3.000 inmuebles protegidos de la Comunidad no solo fue irregular, sino que también quebró “la protección social” de quienes allí habitaban. Este hecho, manifiesto en una nueva sentencia en la que el tribunal da la razón al inquilino de una de estas viviendas, según avanzaba la Cadena SER, no es un caso aislado.
El Ejecutivo regional madrileño se saltó las normas, desfiguró la delgada línea que le mantiene en el lado de la ley. Se trata de la segunda sentencia que dicta la sección octava de lo contencioso-administrativo en este sentido en las últimas semanas. En este segundo ‘round’, el TSJ de Madrid revoca una resolución favorable a la Comunidad de Madrid, tirando por tierra la esperanza del Gobierno autonómico.
Contundencia
En esta segunda sentencia, los magistrados, según las mismas fuentes, parecen ser más contundentes contra la operación liderada por el gobierno de Ignacio González y que terminó con la friolera de 2.935 viviendas públicas en manos carroñeras. "Es evidente la infracción del principio de innecesariedad" en la venta, algo que "ha traído consigo una quiebra de la protección social de estos grupos de personas, colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública".
Ahora, en caso de que la Comunidad de Madrid siga recurriendo, la última palabra recaerá sobre el alto tribunal, el Supremo. La firmeza de las sentencias se espera, en el bando que “recibió una pesadilla en lugar de un sueño”, como el respirar.