La quiebra de Ombuds ha traído consigo un futuro incierto para los 8.000 miembros de su plantilla, cuyo destino está en manos de un administrador concursal. La empresa de seguridad privada ha entrado en concurso de acreedores; sin embargo, la entidad ha permanecido ajena a lo acontecido sin constatar oficialmente el estado en el que se encuentra en la actualidad. Así, a pesar de que la compañía ha buscado su supervivencia hasta el último aliento tras unas “largas” negociaciones, finalmente no han conseguido reactivar la línea de financiación que necesitaban para continuar con su actividad.
Futuro incierto
La empresa aseguraba que el 31 de julio entraría un inversor extranjero que se haría con el 80% de las acciones. El 75% de la compañía está controlada por un inversor estadounidense, JZI, mientras que el 25% restante pertenece a los Cortina. Los sindicatos sostenían que Ombuds “mentía” sobre la entrada de nuevo capital, que dicho inversor “no existía”. Algo que ha quedado confirmado con su entrada en concurso de acreedores.
Los sindicatos UGT y CCOO aseguran estar preocupados por el futuro de los miles de trabajadores de la empresa de seguridad. No saben cuándo cobrarán las nóminas atrasadas, la de junio, julio y la extra de verano, ni tampoco tienen conocimiento de qué ocurrirá con su puesto laboral. La solución está ahora en manos de las compañías que han subcontratado los servicios de Ombuds.
Metro de Madrid
Por su parte, Metro de Madrid todavía no ha tomado una decisión, a pesar de que están incumpliendo una parte del contrato con Ombuds. El acuerdo laboral que firmaron ambas entidades incluye una cláusula por la que se tendría que rescindir unilateralmente el contrato si se producen impagos a los empleados; algo que, actualmente, no se ha adoptado.
Tras varios intentos frustrados para que Metro finalice su relación laboral con Ombuds, Alternativa Sindical ha presentado una denuncia a la empresa de transporte. En la demanda, le exige que actúe con “responsabilidad solidaria” para abonar los sueldos atrasados. Además, insiste en que Metro “debe asumir las consecuencias de la contratación de una empresa de dudosa solvencia”.