El delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha anunciado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el nuevo contrato para la gestión bancaria de la Tarjeta Familias. “La Tarjeta Familias para la cobertura de alimentación y necesidades básicas fue innovadora desde el principio, pero nos hemos propuesto ir mejorándola cada día”, apuntaba el delegado.
Entre las mejoras, pueden encontrarse "más innovaciones para hacerla más útil y eficaz", como la posibilidad de que se entregue en formato virtual, la plurianualidad para que las ayudas se renueven automáticamente de un año a otro y el desarrollo de una app móvil para justificar los gastos.
Aniorte ha subrayado que estas mejoras se suman a otras ya implementadas como la mayor bonificación para familias con menores a cargo "para ser un instrumento más útil contra la pobreza infantil". Tras su puesta en marcha en 2020 a raíz de la crisis de la COVID-19, ya se han entregado cerca de 9.000 tarjetas, lo que supone haber llegado a unas 27.000 personas para la cobertura de necesidades básicas “desde un enfoque innovador” basado en “la dignidad de las personas”, ha explicado Aniorte.
La Tarjeta Familias confía en la capacidad de los beneficiarios de ser autónomos porque pueden acudir donde quieran a comprar lo que necesiten sin depender de la administración
El nuevo contrato de la Tarjeta Familias deja atrás la fórmula de convenio con una entidad bancaria que debía renovarse cada seis meses e incorpora mejoras como la vinculación de la tarjeta a una cuenta virtual para que, en el caso de pérdida, deterioro o robo no se pierda la ayuda mensual concedida o una mayor agilidad en los tiempos en entrega, con inmediatez en el caso de que se haya solicitado como tarjeta virtual.
El nuevo contrato para la emisión y distribución de la Tarjeta Familias tiene un coste plurianual de 657.000 euros, con una vigencia de un año prorrogable por tres años más. La concesión de las ayudas para la cobertura de alimentación y necesidades básicas, cuyo presupuesto parte íntegramente de los fondos municipales, sigue estando sujeta a su aprobación por parte de servicios sociales.
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