El Sindicato de Enfermería (SATSE) y el Sindicato Independiente del Profesorado de la Enseñanza Pública (ANPE) han puesto de manifiesto la necesidad de crear la figura de la enfermera/o escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.
Esta figura está implantada en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Francia. Dado su éxito, desde los sindicatos quieren replicar este modelo en la Comunidad de Madrid, donde hay 1.643 centros públicos de Régimen General (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional), pero solo en torno a 300 de ellos tienen una enfermera en su plantilla.
Según reza su queja, la ausencia de enfermeras y enfermeros en los centros educativos está generando graves problemas, ya que los docentes se ven obligados a atender necesidades de salud especiales, a pesar de no estar dentro de sus competencias. "Esta situación puede perjudicar la escolarización de niños con enfermedades crónicas (diabetes, epilepsia…), por no contar con personal sanitario formado para atenderlos correctamente", se puede leer en su comunicado.
SATSE y ANPE solicitan a la Administración la inclusión de Enfermería Escolar en todos los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid
No es la primera vez que estos sindicatos reivindican la necesidad de incorporar a los centros educativos públicos un profesional de la enfermería, para formar y asistir sanitariamente a los escolares. Además, ambos sindicatos consideran que la presencia de un profesional de la enfermería en los centros es fundamental para ofrecer una buena educación en salud a los jóvenes, que les ofrezca las pautas y herramientas necesarias para evitar hábitos como la drogadicción, el tabaquismo o los trastornos alimenticios, entre otros.
Así como la asistencia en caso de accidente, la prevención, la detección de problemas de salud, la información sobre sexualidad o la integración del alumnado con discapacidades o enfermedades crónicas, entre otros. Además, la adquisición de hábitos de vida saludables en edades tempranas conlleva la reducción de riesgos de enfermedades futuras, con el consiguiente beneficio para la salud de la persona y el ahorro para el sistema sanitario.