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Almeida llevará a los tribunales al Gobierno por las ayudas de Filomena
De los 60 millones de euros que solicitó el Ayuntamiento de Madrid solo han llegado 1,5
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Al alcalde de Madrid se le ha acabado la paciencia, y después de meses amenazando al Ejecutivo de Pedro Sánchez, finalmente ha decidido llevarla a cabo, denunciando ante los tribunales las ayudas recibidas por el consistorio para atajar los problemas que creó la tormenta de nieve Filomena, pues más de un año después de este suceso, de los 60 millones de euros solicitados, solo se han recibido 1,5.

Según el ejecutivo dirigido por José Luis Martínez Almeida, "la resolución de la Delegación del Gobierno da tratamiento diferente a gastos de análoga naturaleza sin motivar esas decisiones", por lo que se pretende conseguir que los tribunales anulen dicha resolución y obliguen al Gobierno central abonar los gastos "efectivamente" realizados por el Ayuntamiento de Madrid.

 El consistorio acusa a la Delegación de Gobierno de "incongruencias" al no considerar gastos subvencionables la retirada de nieve de la vía pública o la M-30

Tal como ha informado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, la decisión de solucionar el conflicto por vía judicial viene motivada por dos razones, la primera, "la absoluta indefensión del Ayuntamiento al impedirle conocer los motivos de la falta de concesión de la totalidad de las ayudas solicitadas", y el segundo, la vulneración del artículo 7 del Real Decreto-ley 10/2021 por el que adoptaban "medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena, que fija como requisitos necesarios para la concesión de ayudas que se traten de actuaciones inaplazables en situación de emergencia para poner en funcionamiento los servicios públicos necesarios para asegurar el bienestar de las personas".

Además, el consistorio acusa a la Delegación de Gobierno de "incongruencias" al no considerar gastos subvencionables la retirada de nieve de la vía pública o la M-30, "pese a que dichas actuaciones fueron imprescindibles para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la vida y seguridad de las personas", o "el reparto de material de abrigo, mantas y calefactores, a los habitantes de la Cañada Real, muchos de ellos niños".