En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna.
Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana.
El Tribunal Supremo consideró probados los hechos y condenó a los responsables de estos actos a penas de cárcel, así como a penas de inhabilitación.
Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno pretenden indultar a unos condenados que no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, apelando a la concordia y la reconciliación en lo que no deja de ser más que una manipulación grotesca de uno de los valores más nobles de nuestra política para ponerlo al servicio de los propósitos más bajos, como son salvar a un Gobierno que es rehén de los que quieren destruir España.
Porque, si los separatistas no abandonan sus amenazas, estamos abocados a que la historia se repita una y otra vez con el mismo resultado, diga lo que diga Pedro Sánchez. Por eso desde el Partido Popular nos preguntamos: ¿En qué momento se adoptó el principio de que la ley estorba a la concordia y a la convivencia? y más aún: ¿Desde cuándo es revancha, venganza y castigo aplicar el Estado de Derecho y la Justicia?