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La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres de origen asiático que realizaban tratamientos médico-estéticos de forma ilegal. Las detenidas desarrollaban su actividad delictiva en centros de belleza y ofrecían servicios a domicilio utilizando sus vehículos particulares para transportar el material. Prestaban servicios de medicina estética avanzados sin la cualificación necesaria e incumplían las medidas establecidas para la conservación de los productos.

Por todo ello, se ha llevado a cabo la entrada y el registro de dos locales y de un vehículo, procediéndose a la detención de las dos mujeres como presuntas responsables de los delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

Utilizaban una peluquería y un centro de uñas como tapadera

La investigación se inicio el pasado mes de abril cuando se tuvo conocimiento de que en dos establecimientos de peluquería y estética ubicados en Fuenlabrada se podrían estar practicando tratamientos médico-estéticos sin personal cualificado tanto para el uso, manipulación y conservación del material instrumental quirúrgico.

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que, para captar clientes, publicitaban sus servicios estéticos a un precio muy reducido. También ofrecían sus tratamientos a ciudadanos chinos afincados en España a través de sus redes sociales personales. Las dos mujeres utilizaban los dos locales para ofrecer sus servicios y, además, ofrecían la posibilidad de acudir a viviendas como si de un auténtico servicio a domicilio se tratase. Para ello, utilizaban su vehículo particular y guardaban el material sin que cumpliera ningún tipo de medida de conservación de acuerdo con la normativa vigente.

Disponían de material quirúrgico, odontológico y ginecológico

Para desarrollar su actividad ilegal disponían de jeringuillas, cremas anestésicas, viales cargados con toxina botulínica, material apto para saturar, agujas hipodérmicas, cosméticos e incluso material para tratamientos ginecológicos y odontológicos.

las mujeres han pasado a disposición judicial como posibles responsables de delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.