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VOX apuesta por aplicar “el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas a la maternidad o a la sanidad pública”. “Los españoles deben ser prioridad en su país”, sentencia su portavoz en la Asamblea de Madrid, acusando al Partido Popular de unirse a “la extrema izquierda para tumbar estas propuestas”.

Isabel Pérez Moñino está convencida de que “la prioridad nacional llegará a Madrid en 2027 de la mano de VOX”. La diputada regional tiene claro que esto ocurrirá “le guste o no” a Isabel Díaz Ayuso. “La presidenta de la Comunidad de Madrid no va a poder frenar lo que ya piensa mucha gente”, aunque quiera “seguir huyendo de la realidad”. “En 2027, también llegará a Madrid el sentido común”, insiste.

La portavoz de la formación se muestra “alegre y con esperanza por el acuerdo suscrito entre el Partido Popular y VOX en Extremadura”. En este punto, invita a Ayuso a denunciar al PP extremeño, “si las políticas de prioridad nacional son ilegales, como ella dice”. “Es el Partido Popular el que ha pactado con VOX estas propuestas”, recuerda Pérez Moñino, convencida de que la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid solo la lleva a “volver a retratarse”.

“Lo que debería ser ilegal es no priorizar a los españoles en España”, insiste al tiempo que señala a una “casta política que ha decidido abrir las fronteras sin ningún tipo de control, saturando nuestros servicios públicos”. La portavoz de VOX considera que se está“condenando a los españoles a listas de espera interminables en sanidad que hacen que, en muchos casos, se acabe con la muerte de nuestros compatriotas”.

En el último pleno de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso explicaba que “si a una persona se le niega la asistencia sanitaria puede sufrir enfermedades que acaben con su vida”. En este punto, la presidenta madrileña señaló a VOX por estar “tratando a los inmigrantes como escoria”. Eso sí, Ayuso aseguró defender “la ley y el orden”.

La regularización extraordinaria que ha impulsado el Gobierno de España está dirigida a inmigrantes que se encontrasen en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que, al menos, lleven en nuestro país cinco meses. VOX se refiere a este proceso como una “regularización masiva” y señala que “muchos recursos que no llegan a los españoles se están poniendo a disposición de todos aquellos que quieren regularizar su situación”.

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