Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 personas, y han desmantelado una red criminal dedicada a constituir uniones de hecho fraudulentas, para así favorecer la permanencia irregular en territorio nacional de ciudadanos extranjeros.
El entramado formalizaba parejas simuladas con ánimo de lucro, y cometía otras falsedades operando en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, si bien varios de sus miembros residían en otras regiones del país. En el transcurso de la operación, los investigadores realizaron cuatro registros en viviendas y establecimientos comerciales interviniendo en los mismos diversa documentación, teléfonos móviles y armas.
Por estos hechos, a los detenidos como presuntos autores se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, estafa y usurpación de funciones y estado civil.
El entramado formalizaba parejas simuladas con ánimo de lucro
La investigación comenzó en el mes de febrero de 2020, con la intervención de documentación a un varón. Los agentes, tras analizar dichos documentos, determinaron la posible existencia de un entramado cuyo posible objetivo era favorecer la inmigración irregular.
Así, tras numerosas comprobaciones a otros documentos similares, los investigadores determinaron la existencia de una organización criminal estructurada, y que facilitaba la constitución de parejas a cambio de contraprestaciones económicas comprendidas entre los 8.000 y los 12.000 euros por persona para normalizar su situación administrativa.
Fruto de estas inspecciones, se constató que el entramado delictivo podría haber regularizado a más de 100 personas desde que inició sus operaciones en territorio nacional, pudiendo haber obtenido beneficios cercanos al millón de euros.
La organización criminal contaba con un reparto de tareas definido y especializado. En la cúspide de la pirámide organizativa se ubicaban los responsables, con funciones de control de la red, reparto de misiones y coordinación operativa. En un segundo nivel figuraban los captadores, que reclutaban a ciudadanos extranjeros y comunitarios para formalizar las parejas simuladas.
Contaban para ello con la ayuda de empadronadores, quienes se ocupaban de registrar en múltiples domicilios a estas personas a través de falsedades documentales, y de empresarios, que facilitaban las altas en el régimen de la Seguridad Social y suscribían contratos fraudulentos para aportar medios económicos de subsistencia.
En el último escalón de la organización se situaban los testigos, miembros de la red que, a través de testimonios falsos, facilitaban la inscripción de las parejas de hecho.
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