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La Asamblea de Madrid ha sacado adelante la nueva ley para reconocer al concebido no nacido dentro de la unidad familiar. La norma, impulsada por el Partido Popular, ha visto la luz en un pleno extraordinario gracias únicamente al aval de Vox, en medio de un encendido debate con la oposición.

Desde Más Madrid llevan semanas denunciando la "chapuza" que, a su juicio, supone esta regulación, especialmente si se tiene en cuenta que los concebidos "sí nacidos" no tienen cubiertas todas sus necesidades en la región. Asimismo, la formación liderada por Manuela Bergerot ha alertado sobre posibles irregularidades jurídicas en el texto, un extremo que —según recuerdan— también fue señalado en su momento por la propia Abogacía de la Comunidad de Madrid.

"No aporta absolutamente nada"

Marta Carmona, diputada de Más Madrid, ha analizado los puntos clave de la sesión parlamentaria y ha criticado el posicionamiento del Partido Popular, al que ve cada vez más próximo a Vox y a los sectores contrarios al derecho al aborto. Para la parlamentaria, medidas estrella de la norma como la posibilidad de escolarizar al menor antes de que nazca ya se aplicaban en la vida cotidiana como un mero ejercicio de planificación. Por ello, Carmona se ha mostrado tajante: "es una ley que a nivel político no aporta absolutamente nada".

La diputada también ha puesto el foco en las contradicciones internas de los populares. Según apunta, el PP enarbola ahora la bandera de la defensa de la vida, pero en el propio texto de la norma condicionan el reconocimiento del concebido a la semana de gestación en la que se encuentre el embarazo. "Ellos mismos funcionan acorde a la Ley de plazos" —en referencia a la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo—, ha incidido Carmona, añadiendo con ironía que, si esa va a ser su guía normativa, "nos parece bien".

Alerta por la separación de poderes

Sin embargo, el mayor punto de conflicto legal radica en una de las enmiendas introducidas por el grupo popular. Dicha enmienda abre la puerta a que el propio Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso pueda modificar aspectos de la ley según sus propios parámetros y mediante decretos.

"Un Gobierno puede paralizar una ley, pero no puede modificarla", ha advertido firmemente la diputada de Más Madrid, lanzando una pregunta directa al bloque de la derecha: "¿qué pasa con la separación de poderes?". Ante lo que consideran un atropello legislativo, Carmona ha avanzado que su partido presentará batalla legal y recurrirá el texto definitivo en todas las instancias que sean necesarias.

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