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Madrid se ha quedado sola. Albert no ha acudido al Ministerio de Hacienda y ha justificado la decisión ante los medios: lo que hoy se vota, dice, es “el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a espaldas de todas las comunidades autónomas”.

La consejera carga contra el procedimiento y contra el fondo. “Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras y solo el voto de Cataluña le vale para sacar adelante un sistema de financiación que atenta contra la igualdad de todos los españoles y que solo beneficia a quienes la han elaborado”. Madrid reclama, además, que todavía no tiene “todos los números y cálculos”: no sabe cuánto pone el Estado en la nivelación, con qué criterio se reparte el Fondo de Convergencia ni en cuántos años se cobra lo prometido.

Albert pone cifras propias. Según el Gobierno madrileño, el nuevo reparto le cuesta a Madrid 822 millones más al año, mientras Cataluña se ahorra 1.124. También denuncia que se cuela “por la puerta de atrás” una armonización fiscal que el Gobierno no ha sido capaz de sacar en el Congreso. El Ejecutivo regional exige una reforma “multilateral, con transparencia y con luz y taquígrafos”, no un traje a medida de Sánchez y el independentismo.

El llamamiento de Ayuso y Albert al resto del PP para romper el quórum ha fracasado. Las demás autonomías populares han acudido, han votado no y han hablado de “lealtad institucional”. Hacienda tilda el plantón de “gamberrismo institucional”. Da igual: el Estado tiene el 50% de los votos y con Cataluña —y Canarias— el modelo pasa el trámite. Madrid peleará ahora en las Cortes, donde hace falta mayoría absoluta.