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La Comunidad de Madrid ha elevado el tono en su enfrentamiento con el Gobierno central por la gestión de los menores extranjeros no acompañados (MENA). Tras conocer un informe en el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo autonómico reclama la activación inmediata de los procedimientos de repatriación de 110 menores y advierte que, de persistir la parálisis, acudirá a los tribunales.

La presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, remitirá este mismo martes un escrito formal al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para exigirle el cumplimiento estricto de sus competencias legales.

Según el informe de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, la Comisión de Protección de Menores sostiene que el retorno con sus familias y a su entorno de origen es la opción más adecuada para estos 110 menores. Esta medida está amparada por el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 (Ley de Extranjería).

Sin embargo, la Comunidad denuncia que la Delegación del Gobierno no ha iniciado ningún trámite de repatriación hasta la fecha, a pesar de las reiteradas solicitudes del Ejecutivo regional. La parálisis administrativa ha provocado que 40 de estos 110 menores ya hayan alcanzado la mayoría de edad sin que se haya resuelto su expediente.

En el escrito formal, la Comunidad de Madrid advierte explícitamente que se reserva el derecho a emprender acciones legales si la Administración del Estado mantiene su postura de inactividad o emite una negativa injustificada. “La Ley de Extranjería es muy clara: corresponde al Gobierno central tramitar y resolver estos procedimientos”, insisten fuentes de la Consejería de Familia.

En paralelo a la exigencia de repatriaciones, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha endurecido su política de control en los centros de acogida. La Consejería ya ha presentado 16 denuncias por presunto delito de estafa agravada contra personas que se habrían hecho pasar por menores de edad para beneficiarse de los recursos públicos de protección. Según informan fuentes regionales, algunas de estas denuncias ya se han saldado con detenciones.