La huelga del 11-N prende la Asamblea de Madrid y se posiciona como buena parte del enfrentamiento político. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha cargado duramente contra las movilizaciones y los sindicatos y ha calificado la convocatoria de "fracaso sin paliativos". Díaz-Pache también ha acusado a los dirigentes sindicales de abandonar la negociación laboral para tratar de "retener con violencia las llaves de la Moncloa".
En su intervención, el portavoz del PP ha cuestionado las previsiones de la izquierda sobre el alcance de la protesta y ha ironizado con que, después de que Más Madrid anunciara que el 11 de noviembre "iba a parar toda España", "lo único que ha parado son sus expectativas electorales". Díaz-Pache ha denunciado además más de 1.000 incidencias, 50 detenidos y la actuación de piquetes violentos, mientras ha defendido que muchos trabajadores acudieron a sus puestos al margen de la convocatoria.
El dirigente popular también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de aumentar la financiación de los sindicatos mientras los trabajadores afrontan el encarecimiento de la vida. Según los datos que ha aportado durante su intervención, el Ejecutivo ha duplicado prácticamente la aportación a estas organizaciones y ha elevado un 88 % sus recursos, una política que ha resumido con una frase: "A los sindicalistas se les sube el 88 % la paguita y a los trabajadores se les sube la lista de la compra".
Díaz-Pache ha definido la jornada como "una huelga del Gobierno contra el pueblo soberano" y ha acusado a los sindicatos de actuar como "una mafia sindical" que pretende impedir el ejercicio de los derechos de quienes no secundaron el paro. En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado lo que ha denominado "terror sindical" y ha asegurado que la izquierda "está hundiendo" a las personas a las que dice representar. La presidenta regional también ha cuestionado el número de liberados sindicales y los recursos públicos destinados a estas organizaciones, y ha advertido de que "habrá paz en las calles a partir del 29 de noviembre".
La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, por su parte, Isabel Pérez Moñino, ha acusado a los sindicatos de permanecer "ocho años de rodillas ante Sánchez" y movilizarse ahora "para intimidar a los trabajadores". También ha condenado los cortes de carreteras y los episodios de violencia durante la huelga, que ha calificado de "último servicio político a Pedro Sánchez antes de las elecciones".
Por su parte, la líder de Más Madrid en la región, Manuela Bergerot, ha denunciado la actuación policial y ha reclamado el cese de los responsables de lo que considera una "represión" contra los huelguistas. Bergerot ha acusado así a la Policía de actuar como si estuviera "a las órdenes del Partido Popular y de VOX". En este contexto, el ministro del Interior ha ordenado investigar las cargas policiales y ha anunciado que dejará de utilizarse gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones. El PSOE, a través de su portavoz, Mar Espinar, ha defendido las movilizaciones y ha asegurado que los ciudadanos salieron a la calle para reclamar "un salario decente y poder acceder a una casa", recordando que el derecho a la huelga está reconocido en la Constitución.