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El Partido Popular da un nuevo paso en su agenda de políticas familiares. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, de alcanzar el Gobierno en 2027, propondrá una ley nacional basada en la aprobada recientemente por la Asamblea de Madrid para reconocer al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar. Esta iniciativa ha sido calificada como una "copia a Ayuso" por parte de Cristina González Álvarez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

González Álvarez ha analizado la norma ante nuestras cámaras que vio la luz en el último pleno extraordinario madrileño. Desde la perspectiva del Partido Socialista, este texto normativo no contribuye de manera efectiva a fomentar la natalidad, sino que supone un cuestionamiento de los derechos reproductivos. La parlamentaria ha señalado que, cuando una administración busca comprometerse firmemente con el bienestar de los menores, "creemos que hay que hacer otro tipo de medidas fundamentales", priorizando cuestiones urgentes como la climatización de las aulas o el acceso a la vivienda.

Aunque la Ley del concebido no nacido no restringe de forma explícita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la diputada socialista ha recordado las trabas preexistentes en la región, afirmando que "la Comunidad de Madrid es la que ha puesto más pegas a todo lo que tiene que ver con este tema, creemos que es algo claro" que el PP busca menoscabar este derecho.

Asimismo, el Grupo Socialista cuestiona la coherencia de la medida, señalando la paradoja de "que haya derechos para un cigoto y no los haya después para un niño en el momento que nace". En este sentido, González Álvarez ha interpelado directamente a la presidenta autonómica al preguntar "¿en qué momento un cigoto deja de tener derechos?", sugiriendo que esa protección se desvanece, paradójicamente, en el momento del nacimiento. "Lo que se está planteando es que nazcan más niños, pero no que haya mayor calidad de vida", ha concluido.

Ante este escenario, el Partido Socialista ha reafirmado su oposición frontal a la normativa y ha anunciado que recurrirá a todas las instancias legales y administrativas necesarias para conseguir su revocación. ¡Dale al Play y entérate de todo!