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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remitido hoy una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para solicitar su actuación urgente ante la ocupación ilegal de viviendas, “un problema que afecta a miles de personas tanto en España como en la Comunidad de Madrid”.

En el escrito, Ayuso traslada su preocupación enumerando casos de inquiocupación que “muestran claramente la magnitud del problema y la necesidad –subraya- de tomar medidas efectivas lo antes posible para proteger un derecho tan importante como es la propiedad privada”. Además, la jefa del Ejecutivo reclama al Defensor del Pueblo su intervención “en defensa de los derechos de las personas que te detallo en esta carta, haciendo efectivo su derecho a la propiedad, su derecho a la tutela judicial efectiva, y el amparo debido a las personas mayores”.

La presidenta considera que las ocupaciones ilegales “no pueden quedar sin respuesta eficaz en un Estado de Derecho”, recalcando que “no se pueden amparar bajo ninguna consideración conductas delictivas que generan tanto sufrimiento”.

A este respecto, el delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha querido responder a esta alarma asegurando que "la ocupación se redujo a la mitad en 2024 respecto a 2023", y la tasa de recuperación de viviendas "mejoró un 5% en 2024". Además, el número de inmuebles que sufren esta problemática, según los últimos datos registrados por el Ministerio del Interior, es del 0,056% del total.

"Cada delito exige todo nuestro compromiso y solidaridad, por supuesto las víctimas de ocupación también. Y lo tienen", mantiene Martín, "pero los responsables públicos debemos ser ante todo eso, responsables. Así que, por favor, contribuya a terminar con la ocupación, aplique la Ley de vivienda, y deje de engañar a la ciudadanía".