La contratación pública en Alcorcón siembra las bases sobre cláusulas sociales y medioambientales. El consistorio ha dado luz verde a la guía de inclusión de las citadas clausulas cumpliendo con “una obligación que marca la ley desde hace dos años”. Así lo avanzaba la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, asegurando que La Ley de Contratos del Sector Público impone que debe haber al menos una condición especial de ejecución de carácter social y medioambiental. En este sentido, la alcaldesa ha señalado que se definirán los planteamientos según la ley para incluir las condiciones especiales de ejecución, las cuales se extrapolarán a la solvencia, criterios de adjudicación y requisitos técnicos de los contratos que licite el consistorio.
Entre los criterios de adjudicación que deberán valorar los técnicos municipales para su inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas figuran cuestiones sociales como “el compromiso con la igualdad de género, las medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; la accesibilidad universal y de diseño para todas las personas, la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y la contratación de mujeres también en puestos de responsabilidad”. En cuanto a los criterios medioambientales, se valorarán empresas inscritas en el Registro de Huella de Carbono, la utilización vehículos con distintos ambientales o el hecho de que la energía eléctrica proceda de fuentes renovables.
La Ley de Contratos del Sector Público impone que debe haber al menos una condición especial de ejecución de carácter social y medioambiental
Por otra parte, Natalia de Andrés ha planteado “que se establece la reserva de un 7% mínimo, que podrá incrementarse hasta un 10%, para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción de personas con diferente capacidad una vez se determine toda la contratación en el Ayuntamiento y de acuerdo a los criterios que determina la ley”.
Por último, como plato fuerte, la mandataria local ha remarcado que, de ahora en adelante, todos los contratos que superen la cifra de 100.000 euros contarán de forma obligatoria con una cláusula de transparencia fiscal mediante la cual se impondrá al contratista que presente una declaración responsable en la que afirme que no realiza operaciones financieras en paraísos fiscales. De esta forma, Alcorcón da un paso adelante en su lucha contra la opacidad administrativa.