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El Grupo Municipal del Partido Popular de Alcorcón ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 del municipio contra el Ayuntamiento de Alcorcón y sus responsables políticos por la posible comisión de graves irregularidades económicas que, según sostienen, podrían afectar al conjunto de los vecinos. Los hechos denunciados podrían constituir presuntamente un delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el Código Penal.

La denuncia se apoya en la documentación recopilada por el Partido Popular, de la que se desprende que fondos municipales podrían haberse utilizado para financiar actos electorales durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023, en lugar de destinarse exclusivamente a fines institucionales y al interés general. Desde la formación señalan que estos hechos, de confirmarse, supondrían "una utilización indebida de recursos públicos con fines partidistas".

El origen de los hechos, según señalan desde la oposición de Alcorcón, se sitúa en un contrato público adjudicado en 2022 para la prestación de servicios técnicos de sonido, iluminación y maquinaria escénica destinados a actividades municipales. Dicho contrato contaba con un presupuesto máximo cercano a los 460.000 euros. Sin embargo, durante su ejecución el gasto habría superado el crédito autorizado, generándose facturas adicionales por un importe superior a los 130.000 euros que carecían de cobertura presupuestaria suficiente.

Ante esta situación, el Ayuntamiento tramitó posteriormente un procedimiento excepcional de omisión de fiscalización con el objetivo de regularizar gastos ya ejecutados sin el control previo exigido por la normativa vigente. Este procedimiento, según el Partido Popular, constituye uno de los elementos clave de la denuncia presentada ante el juzgado.

Uno de los aspectos más relevantes del escrito judicial es que, segun apuntan los populares, "en la documentación aportada, se reconoce expresamente que el sobrecoste del contrato se habría producido, entre otros motivos, por la proximidad de las elecciones municipales, una superprogramación de eventos y la cobertura de actos electorales con medios procedentes del contrato municipal". No obstante, el Partido Popular denuncia que en documentos posteriores "se intenta negar lo anteriormente reconocido", lo que, a su juicio, "evidencia contradicciones internas, ausencia de documentación esencial y un notable desorden administrativo".

Desde el PP aseguran que estas inconsistencias apuntan a un posible intento de ocultar o eliminar información relevante. De hecho, señalan que el expediente en cuestión "ya no es accesible públicamente, ni siquiera para los propios miembros de la Corporación municipal", lo que consideran "especialmente grave" desde el punto de vista de la transparencia y el control democrático.

La denuncia también subraya que las facturas correspondientes a los meses coincidentes con el periodo electoral carecen de un desglose detallado de los servicios prestados, a diferencia de las emitidas en otros periodos. Además, el Partido Popular recalca que, cuando su formación organizó actos de campaña, los servicios técnicos fueron abonados directamente por el partido, sin recurrir en ningún caso a recursos municipales.

En diciembre de 2023, la Junta de Gobierno Local aprobó la convalidación del gasto y la ampliación del presupuesto del contrato, basándose en la documentación que posteriormente ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial. Esta decisión fue respaldada por los grupos que integran el Gobierno municipal y por la concejal no adscrita.

El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que “existen indicios de que se habrían pagado actos electorales del PSOE con cargo a fondos municipales”. Serrano ha subrayado que la formación ha acudido a los tribunales para que se esclarezcan los hechos. “Queremos saber la verdad y por eso pedimos que la Justicia investigue. Este Gobierno municipal se ha caracterizado por la inestabilidad y una gestión deficiente, y ahora, además, le acompaña la sombra de la corrupción”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Alcorcón, Roberto Marín Vergara, ha destacado que se ha entregado al juez “toda la información y documentación de la que se desprende que podrían existir graves irregularidades económicas que afectan directamente a todos los vecinos de Alcorcón”. En este sentido, ha advertido de que “si se confirma que dinero público se utilizó para financiar actos electorales, estaríamos ante una situación gravísima”.

Marín Vergara ha insistido en que el Partido Popular actúa “por responsabilidad política y por compromiso con los vecinos de Alcorcón”, recordando que el municipio arrastra una elevada deuda, una subida constante de impuestos y una larga trayectoria de gestión socialista que, según ha señalado, ha sido declarada irregular en resoluciones judiciales previas, con dos exalcaldes condenados e inhabilitados por la gestión negligente de fondos públicos.

En este contexto, el portavoz popular ha recalcado que debe ser ahora la Justicia, y únicamente la Justicia, la que determine si existen responsabilidades penales y hasta dónde alcanzan. Por ello, el Partido Popular ha solicitado al Juzgado de Instrucción la apertura de diligencias para esclarecer posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, financiación ilegal de partidos políticos y, en su caso, prevaricación.

Estas posibles responsabilidades podrían afectar a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que el pasado 21 de diciembre votaron a favor del expediente de convalidación del gasto, integrantes del PSOE, Más Madrid, Ganar Alcorcón y la concejal no adscrita, si se demostrara que lo hicieron a sabiendas de su posible ilegalidad. La formación concluye dejando en manos de la Justicia la depuración de responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.

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