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La renuncia de decenas de vecinos de Alcorcón a las viviendas del Plan Vive ha vuelto a poner en el centro del debate el funcionamiento de este programa de vivienda pública impulsado por la Comunidad de Madrid. Una situación que, según denuncia Ganar Alcorcón, evidencia que el plan no está cumpliendo su objetivo principal: garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para la ciudadanía.

Desde la formación municipalista señalan que el principal problema radica en los elevados precios de los alquileres, que en muchos casos superan los 1.000 euros mensuales, a pesar de tratarse de viviendas públicas. A ello se suman unas condiciones de acceso que consideran excesivamente restrictivas y que, lejos de facilitar el derecho a la vivienda, lo convierten en un proceso lleno de obstáculos para muchas familias.

La portavoz de Ganar Alcorcón, Miriam Benítez, ha sido contundente al valorar esta situación: “Esto no lo podemos permitir. La vivienda pública debe servir para poner freno a la especulación, no para alimentarla”. Benítez ha subrayado que las renuncias no son casos aislados, sino la consecuencia directa de un modelo que no se adapta a la realidad económica de gran parte de la población.

Según explica la formación, son los propios vecinos quienes justifican su decisión de renunciar a estas viviendas por una combinación de factores: precios que consideran desproporcionados para un programa público, calidades deficientes en algunas promociones y una falta de flexibilidad en los requisitos de acceso. Todo ello, añaden, termina excluyendo precisamente a quienes más necesitan una solución habitacional.

Ante este escenario, Ganar Alcorcón ha presentado una propuesta de reforma integral del Plan Vive con el objetivo de convertirlo en una herramienta real contra la burbuja inmobiliaria. Entre las principales medidas planteadas se encuentra una reducción de al menos el 25 % en la cuota mensual del alquiler, con el fin de situar los precios claramente por debajo de la media del mercado.

Además, la formación propone que la Comunidad de Madrid asuma gastos adicionales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y los costes de comunidad, de manera que no recaigan sobre los inquilinos. “No podemos normalizar que alquileres públicos se disparen por encima de los 1000 euros”, han señalado.

Otra de las propuestas clave es la eliminación del llamado límite de gasto del 35 % de los ingresos familiares, una condición que actualmente impide el acceso a familias con rentas más bajas. Desde Ganar Alcorcón consideran que este requisito contradice la propia naturaleza de la vivienda pública. “La vivienda pública tiene que garantizar un derecho, no poner más barreras. Si bajan los precios, debe facilitarse la entrada”, ha defendido Benítez.

Por último, la formación reclama la puesta en marcha de una auditoría de obra que permita evaluar la calidad de las viviendas del Plan Vive. Según denuncian, algunos vecinos aseguran que, pese a llevar pocos años construidas, tanto las viviendas como las zonas comunes presentan importantes deficiencias. En este sentido, exigen que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad y subsane cualquier problema detectado.

Con este conjunto de medidas, Ganar Alcorcón insiste en que el Plan Vive debe dejar de ser un factor que contribuya a la tensión del mercado inmobiliario y convertirse en una solución efectiva al problema de la vivienda en Alcorcón y en el resto de municipios del entorno. “Lo público no puede ser sinónimo de mala calidad. Tiene que ser sinónimo de bienestar y seguridad en nuestras vidas”.

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