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Ganar Alcorcón ha denunciado públicamente una presunta práctica ilegal que estaría produciéndose en el municipio y en otras localidades del país: la venta de viviendas de protección pública (VPO) por encima del precio fijado por la administración, mediante pagos no declarados “en B” exigidos por algunos propietarios.

Desde la formación municipal consideran que esta situación supone “un ataque directo contra el derecho a la vivienda”. Así lo ha señalado la portavoz y concejala de Ganar Alcorcón, Miriam Benítez, quien ha subrayado que “la vivienda pública tiene un objetivo central: facilitar el acceso a miles de familias a una vivienda digna y asequible”. En este sentido, Benítez ha denunciado que estas prácticas “atentan contra un derecho constitucional de la ciudadanía” y constituyen una forma de especulación “con un bien del que algunos se beneficiaron gracias al esfuerzo público de todas y todos”.

Según Ganar Alcorcón, viviendas protegidas que se construyeron hace una década con el objetivo de frenar la burbuja inmobiliaria en los barrios están siendo revendidas actualmente “al doble y hasta el triple del precio por el que se compraron”. Para la portavoz municipalista, esta situación evidencia que “no sirve de nada construir vivienda pública si después caduca la protección o no se garantiza el respeto al precio público marcado por la ley”.

La formación ha puesto el foco en el barrio del Ensanche Sur, una de las zonas afectadas, donde existen más de 6.000 viviendas públicas. Ganar Alcorcón afirma haber recibido numerosas denuncias vecinales alertando de estas prácticas. El concejal David López, responsable del área de Patrimonio, ha señalado que, según estos testimonios, “las inmobiliarias actúan como intermediarias necesarias para llevar a cabo esta estafa contra la ciudadanía de Alcorcón”.

Ante esta situación, Ganar Alcorcón exige a la Comunidad de Madrid, como administración competente en materia de vivienda, que destine los recursos necesarios para investigar la venta ilegal de VPO en la región. Entre las medidas propuestas, reclaman mayor transparencia en las operaciones de compraventa, la obligación de que las inmobiliarias cumplan estrictamente la legalidad vigente y la retirada inmediata de cualquier anuncio que no respete los precios establecidos por ley.

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