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Los agentes de Policía de Alcalá de Henares vuelven a ser grandes protagonistas. Los sindicatos del CPPM, UGT y CGT han pedido al Ayuntamiento complutense que inicie un expediente informativo sobre el actual jefe del Cuerpo por las denuncias de presunto acoso laboral y sexual que le persiguen durante su estancia en Torrejón de Ardoz. Así lo han manifestado las asociaciones sindicales mandando un escrito a la concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, y a la propia alcaldesa, Judith Piquet.

En el comunicado, los sindicatos manifiestan su preocupación por las consecuencias de las acusaciones que se vierten sobre Luis Antonio Moreno, y "las repercusiones que puede tener en los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares". Además, solicitan información para conocer las "actuaciones preventivas" que está llevando a cabo el Gobierno de Piquet.

En este sentido, los sindicatos recuerdan que, al amparo del artículo 54 de la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, ante informaciones de este tipo las administraciones competentes deberían iniciar el expediente mencionado, o incluso un expediente disciplinario si la situación lo requiriera "ante hechos que puedan afectar a la honorabilidad o confianza pública del cuerpo policial".

Así mismo, recuerdan que según el propio Tribunal Supremo, en su sentencia del 9 de marzo de 2015, establece que el cambio de destino de un agente no le exime de la responsabilidad disciplinaria "ni impide incoar expediente informativo cuando los hechos puedan tener repercusión en el nuevo destino".

LOS POLICÍAS VUELVEN A GANAR EN CONDICIONES LABORALES

Por otro lado, desde el CPPM también han celebrado una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid en la que vuelve a dar la razón a los agentes. En esta ocasión, la lucha se volcó en conseguir que los policías tengan las mismas vacaciones que los funcionarios del Ayuntamiento, anulando la orden de servicio de Alcaldía del seis de junio de 2024.

En su sentencia firme, el Juzgado sostiene que se "anula" la orden mencionada y, además, es la administración local la que asume las costas del proceso, aunque fijan el límite en 400 euros "dada la escasa complejidad del asunto".