Los movimientos LGTBI+ y feministas protestarán el próximo 15 de enero para defender ¡Nuestros Derechos!, las protestas comenzarán a las 12:00 Frente al Parlamento de Andalucía en Sevilla, y se trasladará a partir de las 19:00 a todas las principales ciudades, capitales de provincia.
En Almería los movimientos protestarán en la Plaza del Educador, en Cádiz, se concentraran en la Plaza de San Juan de Dios, por su parte Córdoba acogerá a los manifestantes en la Plaza de las Tendillas, en Granada agitaran sus banderas frente a la Delegación de Educación, en Huelva se concentraran en la Plaza de la Constitución, en Jaén lo harán frente a la Subdelegación del Gobierno, en Málaga los colectivos se manifestarán en la Plaza de la Constitución y en Sevilla llevarán sus protestas hasta Plaza Nueva.
Unas manifestaciones convocadas tras el último acuerdo de gobierno, formado por Partido Popular, Ciudadanos y VOX. Una coalición que llevará a la presidencia de la Junta de Andalucía al candidato Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla. Una opción que para los movimientos LGTBI+ y feministas de Andalucía, pone en peligro los derechos conquistados durante las anteriores legislaturas gobernadas por el Partido Socialista.
Movimientos LGTBI en Andalucía protestarán bajo el lema ¡Nuestros derechos no se negocian!, algo que parece evidente, según el acuerdo firmado entre PP y VOX, donde ambos partidos renuncian a derogar las leyes de violencia de género y LGTBI+.
Una acción que no es definitiva, ya que la formación de Santiago Abascal propondrá durante la legislatura que comienza en Andalucía, la Derogación de la “Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía”, según VOX Los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución. España no es un país “homófobo” que necesite leyes especiales. La Ley 8/2017 atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la Administración y a recibir subvenciones.