Mucha Maricarmen y pancartas, pero poca vivienda. España se ha convertido en un circo mediático y político donde el problema de la vivienda se usa más como arma arrojadiza y eslogan de protesta que para aportar. Todos dicen querer arreglar el problema de la vivienda, pero la realidad es que nadie mueve un dedo.
Vemos a políticos en los Congresos y las Asambleas tirándose los trastos a la cabeza sobre la “solución”, pero la realidad es que los ciudadanos estamos con la soga cada vez más apretada al cuello. No podemos acceder a la compra de un piso y los alquileres superan más del 30% de nuestro sueldo. No se trata de una falta de cultura del esfuerzo, sino de una absoluta falta de gestión y acción política por parte de los que dicen ser nuestros representantes.
Es vergonzoso encender la televisión y solo ver mensajes infectados de odio de un lado a otro. Observar cómo la izquierda utiliza los casos de desahucio, como el de Maricarmen, para hacer demagogia y propaganda barata. ¿Con qué cara se autoproclaman defensores del pueblo cuando la propia mujer, con 87 años, reconoció en una entrevista que ni el mismísimo Pedro Sánchez se molestó en responder a sus cartas? ¿Qué tienen que decir ante semejante muestra de desinterés real?
Escuchar acusaciones extremas en las que se llaman “asesinos” entre la izquierda y la derecha no ayuda en nada. Solo contribuye a polarizar un debate que exige rigor y sentido de Estado, no insultos de trazo grueso.
Mientras el clima político se degrada en el barro, el Ejecutivo de Pedro Sánchez demuestra cuáles son sus verdaderas prioridades. Tras convocar elecciones generales por puro cálculo partidista, pretenden ahora utilizar el atajo de la Diputación Permanente para aprobar a la desesperada esos decretos de vivienda que el propio Congreso ya les tumbó en el pleno. Gobernando a golpe de decretazo y usando las instituciones como un tablero electoral, la vivienda ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en la baza de campaña de la Moncloa.
Resulta cínico escuchar al Ejecutivo Central excusarse en que “la vivienda es competencia de las Comunidades Autónomas” para quitarse las críticas de encima. Y aunque así se establezca en la Constitución Española, ¿acaso no llevan desde el 2019 abanderando la vivienda en cada mitin y prometiendo más de 180.000 viviendas en alquiler asequible?
Cuando toca hacer campaña electoral, la vivienda sí es materia del Gobierno de España, pero cuando el mercado colapsa y la oferta se reduce a cero, la culpa es de las Comunidades Autónomas. La realidad es que España sigue a la cola de Europa con tan solo un 3% de vivienda social, lejos del 9% del resto de países. De las famosas 180.000 viviendas anunciadas a bombo y platillo, la inmensa mayoría no son más que maquetas, proyectos sobre el papel o suelo sin urbanizar. Mucho titular desde la Moncloa, pero cero llaves en la mano de los ciudadanos.
También resulta chocante escuchar el relato del Ejecutivo contra la especulación y los fondos buitre. Nos venden que luchan contra los grandes tenedores mientras, por la puerta de atrás, convierten a su entidad pública de vivienda, Casa 47, en un fondo recaudador más. Es el colmo de la hipocresía ver cómo la empresa estatal encargada de ofrecer alquiler asequible saca promociones a precios que superan los 1.000 euros en municipios donde los sueldos ni rozan esa cifra.
También hay que destacar cómo el Estado, a través de la Sareb (cuyos activos hoy gestiona Casa 47), malvendió durante años miles de viviendas públicas a precio de saldo a esos mismos fondos. Ahora, cuando colectivos de inquilinos piden que Casa 47 rescate esos pisos o frene su venta, la respuesta institucional es la inacción burocrática. Critican la especulación privada, pero cuando han tenido el suelo y las llaves en la mano, han sido los primeros en abrirle la puerta al capital de riesgo a costa del derecho a un hogar de los ciudadanos. ¿Quién es entonces el que pone la alfombra roja a los buitres?
Y comparando con la Comunidad de Madrid, como tanto le gusta hacer a Sánchez, vemos un gobierno que, por lo menos, intenta poner soluciones. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha apostado por la colaboración público-privada con iniciativas como el Plan Vive. Se moviliza suelo, se otorgan licencias y se incentiva a los propietarios a sacar pisos vacíos al mercado mediante ventajas fiscales. Sin embargo, tampoco es momento para el triunfalismo ni para vender humo: de “asequible” el Plan Vive tiene bien poco cuando, entre el alquiler base, las plazas de garaje obligatorias, el IBI y los gastos de comunidad, la mensualidad acaba rozando o superando precios de mercado inaccesibles para el joven promedio. La vía de la oferta es la correcta, pero si la solución "pública" acaba costando 800 o 900 euros al mes, el problema de fondo sigue sin resolverse.
Sin embargo, no podemos dormirnos ante la gravedad del problema. Este tipo de medidas ayudan a buscar una solución, pero la burocracia sigue siendo lenta y los precios siguen apretando el bolsillo de los ciudadanos. No se trata de ponerse medallas entre administraciones, sino de entender que ante una urgencia nacional la respuesta debe ser drástica: más suelo libre, licencias ágiles y menos trámites que encarezcan cada metro cuadrado.
Tenemos que escuchar a los ciudadanos y dar soluciones a las medidas. Pero hay que hacerlo lejos de las pancartas, las acampadas y las guerras políticas. Hay que sentarse y atajar el problema real porque los españoles no pueden pagar un alquiler con lemas electorales ni resguardarse bajo el techo de un titular.
Menos circo, menos “Maricarmens” en la tele, acampadas y casas para “Jessicas” y más vivienda de verdad.