El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la sociedad española y la política de vivienda se ha convertido en uno de los principales campos de batalla entre el Gobierno de España y el Partido Popular. En ese contexto, el debate parlamentario vuelve a enfrentar dos modelos: quienes defienden una mayor intervención pública para contener los precios del alquiler y quienes apuestan por un mercado de vivienda sin ninguna regulación.
En el congreso de los diputados, hemos debatido en numerosas ocasiones sobre la vivienda, tanto en el Pleno del congreso como en la Comisión de vivienda, pero la realidad es que el Partido Popular siempre ha votado en contra de medidas relacionadas con cualquier regulación de los alquileres, de los pisos turísticos o de los contratos de temporada. Sin embargo, desde el Grupo socialista defendemos estas herramientas como mecanismos para aumentar la oferta de vivienda asequible y para limitar subidas desmesuradas de los alquileres.
En esta materia, la Comunidad de Madrid representa uno de los escenarios más claros de la discrepancia. Se da la circunstancia de que algunos municipios madrileños como Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Parla, Mejorada, Velilla, Coslada, San Fernando o Ciempozuelos quieren declarar zonas de mercado residencial tensionado para frenar las subidas del alquiler, una posibilidad contemplada por la legislación estatal con la Ley de Vivienda del 2023, un norma que se aplica y que está funcionado en 300 municipios españoles. Por desgracia, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado contrario a aplicar este mecanismo en la Comunidad de Madrid, y boicotea la Ley de Vivienda impidiendo la libertad de actuación a estos municipios.
La realidad sin embargo, es tozuda y los precios del alquiler continúan desbocados. Por ejemplo en mi ciudad, Alcalá de Henares, los precios del alquiler han subido en un año una media aproximada de un 10%. Por el contrario en Barcelona, donde se aplican zonas tensionadas, los precios del alquiler cayeron un 4,7%. Poder aplicar la Ley de Vivienda debería ser una opción libre para los Ayuntamientos madrileños.
Por último, quiero destacar que este debate técnico se solapa con el debate ético precisamente en Madrid. Sin duda, la cuestión del ático de Ayuso nos muestra un profundo abismo entre lo que dice y lo que se hace. La intervención pública de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda ha consistido en comprar un aticazo por más de 6 millones de euros para la Presidenta Ayuso. Hace años para Isabel Díaz Ayuso Madrid era tan grande que cuando salías por la ciudad no te encontrabas con tu exnovio, pero resulta que ahora Madrid es tan pequeña que te compran un ático de lujo con dinero público y lo hacen, justo, frente a la casa de tu madre.
La conclusión es que no hay justificación alguna para el vergonzoso episodio del ático, pero tampoco hay justificación para no colaborar lealmente con el gobierno de España y para no utilizar mecanismos que pueden facilitar el acceso a la vivienda. Nos iría mejor en Madrid con más diálogo y con menos espectáculo.