El 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, que cada año recuerda la firma de la Convención de los Derechos del Niño (1989). Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños y niñas más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.
En España hay cerca de 17.000 menores de edad en centros residenciales, más de un millar de ellos, de entre 0 y 6 años. Nuestro sistema de protección a la infancia está a la cola de Europa. La falta de recursos y de visibilización dificulta que estos niños se críen en un entorno familiar, saltando de centro en centro hasta cumplir los 18 años. En la Comunidad de Madrid cuenta con 102 centros de menores, donde residen más de 1.400 niños.
Nuestro país tiene uno de los sistemas más institucionalizados de Europa, es decir, un número muy elevado de niños y niñas tutelados que crecen en centros residenciales hasta cumplir la mayoría de edad. Estamos a la cola, con un 52% de niños en acogimiento residencial, al nivel de países como Chipre, Portugal, Eslovenia o Grecia; y en las antípodas de otros como Irlanda que incluso ha llegado a cerrar sus centros, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea y otro de Eurochild para acabar con la desinstitucionalización en la UE.
Una radiografía compartida por Naciones Unidas, que ya denunció en un informe de 2018 el incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), un tratado internacional, de obligada ejecución por parte de los Gobiernos, que reconoce los derechos humanos de los menores de 18 años. En particular, el comité pidió que el Estado español simplificase los procedimientos para que las familias con niños en situación vulnerable pudieran acceder a una adecuada protección social (ayudas económicas o servicios de acompañamiento); y que se incrementase el personal que recibe y tramita estas solicitudes o aumentase la inversión pública, muy por debajo de la media europea.
Legislativamente, existen dos normas que protegen a nuestros menores: la ley de la Infancia de 2015 y la CDN de 1990 de Naciones Unidas. Ambas reconocen el derecho de los infantes a crecer en familia, sea su tutela del Estado o no, priorizando el acogimiento familiar sobre el residencial. Sin embargo, es papel mojado, solo teoría.
La realidad es que el 73% de los menores tutelados acaba en un centro, frente al 27% que se deriva al acogimiento familiar. Es más, un millar de esos niños son bebés de cero a seis años, los cuales por ley deberían estar siempre con una familia.
Desde ASEAF (Asociación Estatal de Acogimiento Familiar) apuntan a un desconocimiento profundo por parte de la sociedad, una falta de cultura heredada de los antiguos hospicios y grandes centros que surgieron tras el desarrollo de los sistemas sociales públicos del siglo XIX.
En España hay cerca de 17.000 menores de edad en centros residenciales, más de un millar de ellos, de entre 0 y 6 años
Desde UNICEF España señalan que en nuestro país culturalmente, todavía no estamos en el mismo plano que otros países, por la tradición del cuidado en grandes centros que aún sigue presente, y la poca información que se tiene sobre el acogimiento familiar.
Desde ADAMCAM -la asociación madrileña de familias de acogida- afirman que Administración apela a que no hay familias, pero tampoco hace nada para captarlas. Únicamente a través llega información a las familias para el acogimiento a través de campañas publicitarias en los medios de comunicación o marquesinas, por el boca-boca y a través de campañas de las distintas asociaciones como el ‘Día del Pijama’ o la carrera virtual ‘Ni un Niño sin Familia’.
Según señala Cruz Roja, el 29% de los jóvenes atendidos por riesgo de exclusión social eran extutelados. Un 10%, además, acaba convirtiéndose en sintecho. Un fallo del sistema que podría revertirse si hubiesen crecido en ambientes familiares estables.
Las familias acogedoras, asociaciones como ASEAF y las distintas organizaciones de cada comunidad autónoma, además de otras ONG que protegen los derechos de los más pequeños, luchan para que los menores en España puedan crecer en un entorno familiar seguro y se preocupen únicamente de ser niños. Ojalá todas ellas se conviertan en un altavoz tan potente que rompa de una vez ese silencio administrativo en torno a la institucionalización de nuestro sistema de protección a la infancia.
Por ello, desde Ciudadanos consideramos fundamental trabajar desde las instituciones para favorecer el acogimiento de menores y que su crianza sea desde el seno de una familia como medida necesaria y beneficiosa para los más pequeños.