El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado –en su reunión de esta semana- destinar 1.110.000 euros para la prestación del servicio de orientación jurídica durante 2022. Esta inversión duplica el presupuesto que tuvo el pasado año y se realiza tras el convenio de colaboración del Ejecutivo autonómico con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
El objetivo es reforzar y garantizar el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, y en los Presupuestos Generales del Gobierno regional de 2022. La capacidad de actuación de este convenio comprende a todo el territorio regional, a excepción del que corresponde y compete al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.
De esta manera se garantiza el asesoramiento y la orientación en materia jurídica de carácter general, jurídico social, contencioso administrativo, hipotecario, para víctimas de delito y odio, menores y jóvenes infractores o para mayores de 65 años, entre otros. Igualmente se presta cobertura a servicios jurídicos para extranjeros, de índole penitenciaria o de mediación. También quedará cubierta la asistencia en aquellas sedes judiciales que se encuentran fuera de Madrid capital como es el caso de los juzgados de Getafe, Fuenlabrada, Navalcarnero o San Lorenzo de El Escorial.
El acuerdo entre ambas partes supone el compromiso por parte del Ilustre Colegio de abogados de Madrid de establecer un sistema de cita previa mediante un teléfono gratuito, en el que quede recogida a su vez la gestión de quejas, sugerencias o reclamaciones.
De igual modo, contará con el número necesario de abogados para una adecuada cobertura asistencial y designará a los coordinadores que sean precisos para resolver las incidencias y consultas planteadas por los letrados y que éstos no puedan atender.
Por último, será materia de su responsabilidad adecuar y dar a conocer la modalidad de la orientación jurídica a través de diferentes canales de información y difusión. Trimestralmente se remitirá un informe a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que permita conocer cómo se están desarrollando y llevando a cabo la prestación del servicio.