VOX Galapagar hace balance del primer año de la Oficina Antiokupación gestionada desde la Concejalía de Asuntos Judiciales y, tal y como defiende VOX en toda España, desde la concejalía reclaman "un endurecimiento de las penas que permita tratar la inquiocupación como lo que es: un delito, y una reforma de la ley para frenar los largos y costosos desahucios que sufren los propietarios".
Al cumplirse un año de la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Apoyo frente a la Ocupación en Galapagar, el Grupo Municipal VOX, a través de su Concejalía de Asuntos Judiciales, ha querido hacer un balance del intenso trabajo de gestión, intervención y asesoramiento llevado a cabo para proteger la propiedad privada de los vecinos del municipio.
La gestión real y efectiva de la Oficina recae directamente sobre el trabajo diario de la Concejalía de Asuntos Judiciales, liderada por VOX. Durante este primer año, bajo esta gestión directa, la oficina ha tramitado veinticinco expedientes, ofreciendo atención presencial, orientación jurídica especializada y coordinación con la Policía Local.
Los datos reflejan la cruda realidad que VOX lleva tiempo denunciando: "Un 48% de los casos corresponden a ocupaciones ilegales, pero destaca de forma alarmante que un 21% está vinculado a conflictos de arrendamiento o a lo que se conoce como «inquiocupación». Además, bajo esta concejalía se ha impulsado un Registro de Viviendas en Riesgo y se han realizado intervenciones directas para garantizar la convivencia".
Tal y como subraya la concejal, Elena Álvarez, "en VOX trabajamos en el día a día judicial del municipio para defender a las familias y asegurar sus propiedades. El Ayuntamiento debe ser un escudo legal para los vecinos, no un mero observador".