El grupo municipal de Vox en Fuenlabrada ha presentado dos mociones para su debate en el pleno de mayo que abordan, por un lado, la reforma del sistema de sugerencias y reclamaciones del Ayuntamiento y, por otro, la implantación del denominado principio de “prioridad nacional” en el acceso a servicios públicos.
En la primera moción, Vox centra sus críticas en el funcionamiento de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (CESYR), señalando que más del 72% de las comunicaciones ciudadanas quedan fuera de su ámbito de actuación. Según detalla el texto, el 60% de las exclusiones se debe a que no se consideran formalmente sugerencias o reclamaciones, mientras que un 36,5% se descarta por tratarse de revisiones de actos administrativos y solo un 3,5% por falta de competencia municipal.
La formación sostiene que este sistema actúa como un “filtro restrictivo” que deja fuera problemas cotidianos relacionados con limpieza, mantenimiento o movilidad, y denuncia una falta de trazabilidad y transparencia que dificulta la supervisión por parte del Pleno.
Para revertir esta situación, la propuesta plantea ampliar el concepto de reclamación para incluir cualquier comunicación sobre deficiencias en servicios públicos, limitar los motivos de inadmisión a supuestos tasados -como duplicidad o falta de competencia- y garantizar que todas las incidencias sean registradas y derivadas al área correspondiente.
Asimismo, Vox propone introducir mecanismos de control como identificadores únicos para cada expediente, informes detallados sobre el número de quejas y sus tiempos de respuesta, así como la obligación de contestación por parte de los órganos municipales en un plazo máximo de 30 días. También plantea que el Ayuntamiento publique estadísticas y mapas de incidencias de forma periódica y que la comisión pueda actuar de oficio ante problemas recurrentes.
Prioridad Nacional
La segunda moción presentada por Vox introduce el debate sobre el denominado “principio de prioridad nacional”. En su exposición de motivos, la formación argumenta que el sistema de bienestar está tensionado y atribuye esta situación, entre otros factores, al crecimiento de la población inmigrante y a lo que considera una gestión ineficiente.
Según el texto, Fuenlabrada cuenta con más de 190.000 habitantes y una población extranjera superior al 10%, además de una tasa de paro del 7,2%, por encima de la media regional. Vox sostiene que este contexto genera presión sobre servicios sociales, vivienda y padrón municipal.
Entre las medidas propuestas, la moción plantea solicitar al Gobierno de España la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la revisión o derogación de normativas recientes sobre asistencia sanitaria y regularización, así como reservar determinadas prestaciones sociales, pensiones no contributivas y ayudas públicas a ciudadanos españoles.
Además, insta a la Comunidad de Madrid a aplicar este criterio de prioridad en el acceso a vivienda social y ayudas relacionadas, y plantea revisar el acceso a la asistencia jurídica gratuita en determinados casos.
Ambas mociones serán debatidas en el pleno municipal, donde el resto de grupos políticos deberán posicionarse, previsiblemente en contra, sobre unas propuestas que abren el debate.