Responsables de diez ciudades madrileñas, entre ellas, Fuenlabrada, han presentado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez la iniciativa legislativa conjunta correspondiente a la Proposición de Ley del Procedimiento Regulador para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado en la Comunidad de Madrid, presentada hace unos días en la Asamblea madrileña.
A la reunión acudieron Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón; Raquel Jimeno, alcaldesa de Ciempozuelos; Ángel Viveros, alcalde de Coslada; Mónica Sebastián, primera teniente de alcalde de Fuenlabrada; Sara Hernández, alcaldesa de Getafe; Jorge Capa, alcalde de Mejorada del Campo; Mar Fernández, alcaldesa de Pinilla del Valle; Rafael Martínez, alcalde de San Martín de la Vega; y Rodrigo Morales, concejal de Velilla de San Antonio.
Con esta iniciativa, los alcaldes y alcaldesas que agrupan a una población superior a los 500.000 habitantes, quieren que se modifique la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para que incluya la posibilidad de que los municipios puedan declararse como zona de mercado residencial tensionado y facilitar de esta manera el acceso a la vivienda a la población.
En el encuentro, Isabel Rodríguez, les ha trasladado su 'apoyo' y confiado en que "finalmente, aquellos que hoy se oponen a los avances, la realidad les haga rectificar y sean los primeros que se apunten el tanto". La iniciativa legislativa representa a un total de once municipios con una población de 764.690 ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
"La iniciativa persigue -señalaba Javier Ayala hace unos días- que se pueda poner en marcha estas actuaciones aprobadas por el Gobierno de España y a las que se niega la Comunidad de Madrid. De esta forma, desde los ayuntamientos podamos actuar sobre el mercado inmobiliario facilitando el acceso a la vivienda".
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha negado a los ayuntamientos solicitantes, entre ellos Fuenlabrada, Alcorcón y Getafe, la posibilidad de acogerse a esta ley estatal que contempla poner en marcha una serie de medidas como restricciones al aumento del alquiler y limitar las rentas de grandes propietarios, entre otros.
Los diez ayuntamientos han aprobado en sus respectivos plenos sumarse a esta petición para lo cual se constituyeron en una comisión cuyo objetivo es reformar la Ley para que la declaración de zona tensionada dependa de los municipios y no de Isabel Díaz Ayuso.