La crisis sanitaria de las piscinas municipales de Alcalá de Henares vuelve a sobrevolar al Gobierno complutense. Tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía y las repetidas denuncias de los sindicatos y del personal del Laboratorio Municipal, el conflicto se traslada ahora al plano laboral: el responsable técnico del Laboratorio corre el riesgo inminente de perder su puesto de trabajo.
Según una denuncia interna a la que ha tenido acceso SoydeMadrid.com, el propio afectado acusa directamente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares de forzar su salida de manera deliberada para apartar a un testigo clave del escándalo de las piscinas registrado en el verano de 2025.
El reloj de la temporalidad
El responsable técnico del Laboratorio Municipal ocupa su plaza como interino desde el 6 de septiembre de 2023. De acuerdo con la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el plazo límite legal es de tres años, por lo que su puesto caducará este próximo 6 de septiembre de 2026.
La única vía legal para frenar su cese automático es que el Ayuntamiento remita y publique a tiempo la convocatoria de su proceso de estabilización en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM). Sin embargo, parece que el trámite no consta entre las prioridades del Consistorio, a pesar de que el expediente está administrativamente completo: la plaza se incluyó en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024 y las bases fueron aprobadas en la Mesa de Negociación de 2025. La falta de este mero trámite de remisión es calificada por el afectado como una "represalia" directa tras haber comunicado internamente las irregularidades.
De la Pseudomonas aeruginosa a los laboratorios privados
El escrito vincula de forma directa la maniobra sobre su plaza con los episodios acontecidos en el verano de 2025. El Laboratorio Municipal —cuyo equipo se encuentra mermado tras pasar de siete a tres efectivos debido a jubilaciones no cubiertas— detectó la bacteria Pseudomonas aeruginosa por encima del límite legal (cuyo margen permitido es cero) en los vasos de El Val, El Juncal y el Parque O’Donnell. Pese a que se ordenaron cierres preventivos y tratamientos de choque, las contraanalíticas municipales continuaron dando positivo.
Siempre según la denuncia interna, el Gobierno complutense se habría saltado los canales oficiales de control y, presuntamente, contrató a un laboratorio privado (Laboratorio Goya), elaborando informes que omitían la presencia de la bacteria, lo que permitió reabrir las instalaciones al público obviando los avisos técnicos de las dependencias municipales.
Según se ha venido documentando a través de diferentes fuentes, las muestras de El Val y El Juncal se tomaron el 27 de junio de 2025; las piscinas abrieron el 28 sin resultados; el Laboratorio Municipal informó el 30 de junio de Pseudomonas aeruginosa por encima del límite legal, que es cero; el 1 de julio se dictaron resoluciones de precinto. La oposición denunció que los vasos siguieron abiertos.
En el Parque O’Donnell, las primeras analíticas que el PSOE logró ver eran de un laboratorio privado (8 de julio); la piscina abrió el 12 y un análisis municipal del 14 volvió a detectar la bacteria. Se cerró el vaso grande. En octubre, la Fiscalía de Alcalá abrió diligencias por denuncia de Más Madrid: posibles delitos contra la salud pública, prevaricación y desobediencia.
Señalamientos directos en el Ejecutivo de Judith Piquet
En la denuncia aparecen los nombres de algunos responsables del Gobierno de Judith Piquet. El escrito menciona al que era el anterior concejal de Salud, Teófilo Lozano, quien se habría negado a levantar el precinto "al carecer del aval técnico e incurrir en ilegalidad". Poco después, el 1 de septiembre de 2025, presentó su cese, siendo sustituido por la actual primer teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado, quien, al parecer, sí firmó las órdenes de levantamiento.
El responsable técnico del Laboratorio Municipal asegura que denunció los hechos ante la inspectora sanitaria, quien "omitió" intervenir o activar los protocolos de inspección preferente ante la denuncia interna. Es más, el aludido asegura que, tras haber comunicado los hechos de manera interna, comenzó la "represalia".
Respuesta del Gobierno municipal
Ante la información denunciada, fuentes del Gobierno de Judith Piquet han asegurado que la situación administrativa del responsable técnico "no tiene ninguna relación con las cuestiones relativas a las piscinas municipales ni, por supuesto, responde a ningún tipo de represalia". Así mismo, aseguran que hay otros empleados en circunstancias similares y "su situación no tiene un tratamiento diferente".
Por ende, desde el Ejecutivo local rechazan la "interpretación" arrojada que "pretende vincular" la coyuntura del responsable técnico con "las actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones profesionales".