En el pasado Pleno Municipal del 20 de junio, el Grupo Municipal Socialista pedía al resto de los Grupos Municipales de Boadilla del Monte manifestar su rechazo al futuro proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), el nuevo “Ayusazo” del Gobierno de la CAM contra las Universidades Públicas de Madrid, tanto por su contenido, como por su forma opaca de elaboración, sin participación ni diálogo con la comunidad universitaria según los socialistas.
Entre las cuestiones planteadas por el PSOE para argumentar el rechazo a este proyecto de Ley contemplaban, entre otras, la necesidad de una revisión profunda, eliminando los mecanismos que suponen injerencias políticas o económicas en la autonomía universitaria, en especial, el poder excesivo atribuido a los Consejos Sociales y la figura del interventor.
Para Alessandra del Mónaco, Concejal del Grupo Municipal Socialista, el Ayusazo Universitario “pretende convertir lo público en un negocio, obligando a la Universidad Pública a financiarse de manera privada o prácticamente sola, buscando dinero fuera, en empresas, o vendiendo edificios, con la exigencia de que, al menos, el 30% de los presupuestos vengan de ingresos privados y todo ello bajo la amenaza de recortarles los fondos si no consiguen este objetivo. Se impondrán multas a las Universidades por no rentabilizar sus edificios o cambiar una partida del presupuesto para arreglar un laboratorio, mientras la financiación pública de las Universidades ha caído un 30%, en términos reales, en los últimos 15 años con el Gobierno del PP”.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista a través de su Portavoz, Alfonso Castillo, ha manifestado la necesidad de “paralizar dicho proyecto de Ley hasta garantizar un procedimiento abierto, transparente y participativo, involucrando a las universidades públicas, a sus órganos de gobierno, a los sindicatos representativos y a los grupos parlamentarios”, así como, "exigir dotar a la Universidad Pública de Madrid de una financiación pública suficiente, estable y progresiva hasta alcanzar el 1% del PIB regional, garantizado una universidad de calidad, con medidas que refuercen la equidad de acceso, la mejora del sistema de becas, la estabilidad del personal docente e investigador y la inversión en investigación e innovación”.