El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón recordó por escrito a la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que le queda menos de un mes para desalojar y cerrar el centro ilegal de inmigrantes que el Gobierno central mantiene en esta localidad, ya que dicha actividad se está desarrollando en un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con licencia para hospedar a 150 funcionarios, no para acoger a más de 400 inmigrantes como, según datos del propio ministerio, había en esas instalaciones cuando el consistorio decretó el cierre a mediados de septiembre.
En la carta, firmada por la alcaldesa, Paloma Tejero, se recuerda al Gobierno central que el Ayuntamiento le dio un margen suficiente de cuatro meses para cumplir esa orden definitiva de cierre, contra la que el ministerio no presentó ninguna alegación administrativa ni consta que lo haya hecho en los tribunales, toda vez que el plazo para el recurso judicial venció el 17 de noviembre y al consistorio no ha llegado absolutamente nada después de más de un mes, lo cual sería insólito en caso de que efectivamente se hubiera presentado dicho recurso, como asegura ahora el Gobierno central, aunque sin explicar cuándo ni dónde.
Por todo ello, la regidora pozuelera insiste en dicho escrito en que el ministerio de Saiz debe desalojar este centro ilegal de inmigrantes en menos de un mes, el próximo 17 de enero, y devolver esas instalaciones de la TGSS al único uso para el que sí tienen licencia, que es el mencionado hospedaje de funcionarios, no de inmigrantes y encima multiplicando por tres y hasta cuatro su capacidad.
Después de la fecha límite
Además, el Ayuntamiento ha avanzado que, si llegada la fecha el Gobierno central persiste en mantener abierto este centro de inmigrantes sin licencia, será el propio consistorio el que acuda a los tribunales e incluso iniciará un procedimiento sancionador en la vía administrativa que contempla multas de hasta 3 millones de euros.