En un giro político de gran calado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presentado una dimisión irrevocable. El anuncio se produjo tras una intensa comparecencia de cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde acudió para rendir cuentas e informar sobre los avances de la investigación del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda (Toledo). La renuncia pone fin a su etapa en el Ejecutivo y se suma a su decisión de retirarse también de las listas electorales del PSOE.
Al concluir su exposición parlamentaria sobre lo ocurrido en Urda, el ya exministro pronunció unas contundentes palabras sobre su salida: "Un ministro de Transporte no puede continuar tras dos accidentes de esta gravedad en tan poco tiempo". Puente reconoció que la gravedad del suceso, sumada a los antecedentes del sistema ferroviario en los últimos meses, exigía una asunción de responsabilidad al máximo nivel y reveló que su decisión estaba tomada desde momentos después de la tragedia.
Una salida que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aceptó durante una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. Sánchez valoró públicamente la postura asumida por el exministro, calificando su marca como un acto de "dignidad política, coherencia e inmensa empatía hacia las víctimas y sus familias". Sánchez subrayó que Puente priorizó la rendición de cuentas acudiendo a la Cámara Baja antes de formalizar su salida, demostrando el "enorme respeto del Gobierno por la sociedad y la transparencia institucional".
Para garantizar la estabilidad y la operatividad de la infraestructura nacional en este escenario crítico, el presidente del Gobierno ha resuelto que el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asuma de manera transitoria las competencias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Cuerpo compaginará así ambas responsabilidades con la prioridad inmediata de supervisar el paquete de medidas de ayuda financiera e indemnizaciones aprobado por los afectados, mantener la investigación técnica en marcha y ejecutar la auditoría integral de la red ferroviaria para restablecer la seguridad en el servicio.