La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto formalmente una pieza separada de ejecución forzosa de la sentencia que anuló la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El tribunal ha dado un plazo de 20 días al Ayuntamiento para presentar alegaciones.
Esta decisión llega tras la insistente reclamación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que busca paralizar los cobros y embargos de multas que considera ilegales.
Lo que denuncia AEA
La asociación afirma que, a pesar de que el Tribunal Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento y dejó firme la sentencia del TSJM, el Consistorio continúa cobrando multas de 200 euros impuestas bajo la ordenanza anulada.
AEA denuncia que cientos de miles de conductores están sufriendo embargos en sus cuentas corrientes por sanciones que, según la justicia, carecen de amparo legal. La organización calcula que hay más de 3,4 millones de expedientes en juego, por un valor superior a los 663 millones de euros.
“El Ayuntamiento no puede proyectar una imagen de ‘administración tramposa’ al pretender cobrar sanciones declaradas nulas de pleno derecho. Exigimos la paralización inmediata de todos los expedientes y la devolución del dinero recaudado de forma indebida”, ha señalado Mario Arnaldo, presidente de AEA.
Además, AEA critica que los jueces de varios juzgados de instancia ya están anulando multas en toda la ciudad, y no solo en las Zonas de Especial Protección (Centro y Plaza Elíptica), y pide que se ejecute de forma efectiva esa doctrina.
La respuesta del Ayuntamiento: “Cumplimos y no devolvemos”
El Ayuntamiento de Madrid ha contestado a estas reclamaciones argumentando que:
- La sentencia del TSJM solo afecta a la antigua ordenanza, que ya no está en vigor.
- Ellos aprobaron una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible (Ordenanza 2/2026) en marzo de 2026, que “subsana” los defectos detectados por el tribunal y que está plenamente vigente desde el 6 de abril.
- Las multas puestas con la ordenanza anterior no se devolverán, porque cuando se impusieron esa normativa estaba en vigor.
- Las resoluciones de los juzgados de instancia “no sientan jurisprudencia” y, por tanto, no obligan a una anulación masiva.
De esta forma, el Consistorio elude la reclamación central de AEA (la devolución generalizada y la paralización total de cobros) centrándose en que ya han “cumplido” con una nueva normativa y que las sentencias no tienen efecto retroactivo automático.
Un pulso judicial en marcha
Mientras AEA celebra la apertura de la pieza separada por el TSJM como un paso definitivo para obligar al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia, el equipo de José Luis Martínez-Almeida mantiene su estrategia de contención: limitar los efectos de la nulidad y defender que las ZBE siguen operativas con plena legalidad bajo la nueva ordenanza.
En los próximos 20 días se conocerá si el Ayuntamiento logra convencer al TSJM o si el tribunal fuerza una ejecución más contundente que podría obligar a paralizar cobros y revisar miles de multas.