La Policía Nacional ha desmantelado un importante entramado de productos falsificados en la zona sur de la Comunidad de Madrid, incautando más de 25 toneladas y 600.000 artículos, entre peluches, llaveros y otros juguetes de marcas registradas de conocidas series y películas. La operación, la mayor realizada hasta la fecha en este ámbito, se centró en naves industriales situadas en Parla, Getafe y Fuenlabrada, donde se llevaron a cabo cinco inspecciones simultáneas.
La investigación se inició en febrero de 2026 tras detectar envíos sospechosos procedentes de China con documentación irregular y datos falsos de destinatarios, lo que alertó a los agentes sobre un posible entramado de distribución ilegal. La primera intervención permitió interceptar 72 cajas con productos de baja calidad que carecían de las garantías de seguridad mínimas exigidas en Europa. A partir de este hallazgo, se identificó al principal centro de almacenamiento, ubicado en Parla, donde se acumulaba la mayor parte de la mercancía.
Riesgo para la salud y seguridad
Los juguetes y productos promocionales incautados presentaban acabados muy inferiores a los originales, lo que suponía un grave riesgo para los menores, ya que se rompían con facilidad en trozos pequeños, con peligro de asfixia o intoxicación. La rápida actuación policial evitó que esta mercancía llegara al mercado, protegiendo tanto a los consumidores como a los titulares de los derechos de propiedad industrial.
Ampliación de la operación y detenidos
La operación se amplió a varias empresas logísticas vinculadas al entramado, donde se intervinieron otras 36 cajas con más de 16.000 artículos. Finalmente, fueron detenidos un hombre, arrendatario de la nave de Parla, y una mujer encargada de recepcionar los pedidos. Ambos están acusados de un presunto delito contra la propiedad industrial y han pasado a disposición judicial.
La Policía Nacional ha destacado que esta intervención no solo supone un duro golpe al comercio ilegal de productos falsificados, sino también un paso importante para garantizar la seguridad de los menores y la protección de los derechos de propiedad industrial en España.