La Comunidad de Madrid ha entregado en Alcalá de Henares 146 nuevas viviendas del Plan Vive con lo que ya asciende a 1.860 el número de hogares en régimen de alquiler a precio asequible que el Ejecutivo autonómico ha puesto a disposición de los ciudadanos en municipios como Alcorcón, Getafe, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y la ciudad complutense.
El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado la nueva promoción, ubicada en las calles Fernando IV y Alfonso VII, donde ha recordado que con estas “ya son 300 las casas que el Gobierno regional ha adjudicado en la localidad del total de 736 con las que contarán los alcalaínos, gracias a este modelo de colaboración público-privada”.
“Estamos trabajando para facilitar el acceso a una vivienda, en especial a los más jóvenes. Por ello, cada uno de estos hogares representa un proyecto de vida que arranca de la mano de esta iniciativa de la Administración madrileña”, ha destacado el consejero.
En concreto, la urbanización entregada cuenta con 39 pisos de un dormitorio, 88 de dos y 19 de tres, así como plazas de garaje, trastero y zonas comunes con piscina, parque infantil o gimnasio. Por estas, los adjudicatarios pagarán hasta un 40% menos que el valor de mercado, con lo que las rentas oscilarán entre los 540 y los 880 euros.
El Plan Vive es un proyecto del Ejecutivo autonómico diseñado para incrementar la oferta con 10.500 nuevos hogares en la presente legislatura, de los que 2.000 serán exclusivamente para jóvenes. “Prácticamente cada semana estamos entregando alguna promoción, hasta alcanzar los 2.000 inmuebles este año, y es gracias a la labor previa que hay detrás por parte de las empresas implicadas en el programa y de los profesionales de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras”, ha asegurado Rodrigo.
El principal requisito para optar a estas casas es que la persona solicitante la dedique a residencia habitual y no tenga ninguna otra propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. Igualmente, tienen prioridad los empadronados en el municipio donde estén ubicados o los que tengan su puesto de trabajo en la localidad desde hace al menos tres años. Otro aspecto importante es el límite de gasto, ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.