El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes aprobado por el Gobierno. Con esta decisión, tomada el pasado 22 de mayo, el procedimiento sigue su curso normal y no se paraliza mientras el alto tribunal resuelve sobre su legalidad definitiva.
La medida cautelar había sido solicitada por la Comunidad de Madrid, el partido Vox y varias asociaciones. El Supremo admitió la legitimación de la Comunidad de Madrid y de Vox para presentar el recurso, pero desestimó su petición de suspensión temporal. Por otro lado, rechazó por completo la legitimación de las asociaciones Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y Libertad y Justicia, por considerar que no tenían capacidad para recurrir.
El Real Decreto de regularización extraordinaria, aprobado en abril de 2026, permite a las personas extranjeras en situación irregular que ya viven en España solicitar su documentación. Para acogerse a esta medida es necesario encontrarse en territorio español antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses, carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público o la seguridad. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 30 de junio.
Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, casi 550.000 personas han presentado ya su solicitud de regularización desde que se abrió el plazo el 16 de abril.
La decisión del Tribunal Supremo permite que el proceso continúe con normalidad, lo que supone un importante avance para decenas de miles de solicitantes que ya han recibido resoluciones favorables y que podrán obtener su residencia y permiso de trabajo. Desde el Gobierno, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha valorado positivamente el auto del Supremo, al que ha calificado como “un triunfo de la justicia frente a la irresponsabilidad”.
Por su parte, la Comunidad de Madrid y Vox han expresado su profundo malestar con la resolución y han anunciado que seguirán adelante con los recursos contra el decreto. Ambas formaciones consideran que la regularización masiva supone un perjuicio para los servicios públicos y un incentivo para la inmigración irregular.
El Supremo deberá ahora pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si el Real Decreto respeta o no la legalidad vigente. Mientras tanto, las oficinas de extranjería y los registros continúan tramitando las solicitudes presentadas.