El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, ha salido al paso de las recientes denuncias presentadas por la Plataforma de Afectados por el Plan Vive respecto a las deficiencias detectadas en los inmuebles de alquiler asequible impulsados por el Ejecutivo autonómico. Aunque el mandatario ha asegurado que ya se está trabajando para solventar estos problemas, ha pedido que no se criminalice un programa que, a su juicio, ofrece soluciones reales a la principal preocupación de la ciudadanía.
Por su parte, la Plataforma de Afectados por el Plan Vive lleva meses visibilizando múltiples fallos en las promociones entregadas. El colectivo reclama de forma urgente una mesa de diálogo que siente al Gobierno madrileño y a las empresas gestoras con el fin de resolver un listado de más de 130 incidencias. Estas quejas no solo abarcan desperfectos estructurales, sino también trabas administrativas, tales como cláusulas que consideran abusivas para acceder al proceso o precios que dejan de ser asequibles al tener que asumir los inquilinos el pago del IBI y los gastos de comunidad.
Cruce de acusaciones y defensa del modelo
Debido a estas reclamaciones, el programa estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para aumentar la oferta residencial ha sido rebautizado por los damnificados como el 'Plan Sobrevive', un término que el consejero madrileño considera totalmente desproporcionado. "Incidencias siempre va a haberlas", ha recordado Rodrigo Domínguez, argumentando que son habituales en cualquier inmueble de obra nueva. En tono crítico, ha apostillado: "seguro que hay otras administraciones públicas que no tienen este problema porque no han construido", apuntando directamente al Ministerio de Vivienda, al que acusa de haber puesto "cero ladrillos" en la región.
Finalmente, el consejero ha subrayado que la Dirección General de Vivienda colabora estrechamente con las empresas adjudicatarias y "vigila el cumplimiento de las obligaciones que tienen los concesionarios". Asimismo, ha recordado que los contratos se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que la permanencia es voluntaria: "nadie está obligado a permanecer en su vivienda permanentemente dentro del Plan Vive, somos libres de tomar las decisiones que se consideren oportunas".