El enfermero Esteban Peñarrubia fallecía por COVID-19 en abril de 2020. La plataforma de Trabajadores del Severo Ochoa y de la Asociación Sanitaria Española denunció que el contagio se debe a la participación en una intervención quirúrgica en la que todos los presentes resultaron contagiados. Ahora el juicio sobre su muerte está pendiente de una fianza de cuatro mil euros.
El pasado cuatro de junio el director del centro fue citado junto a tres de sus directivos para comunicarles la imputación y solicitarles la documentación que pudieran aportar en su defensa.
Tras esto, los trabajadores del Severo Ochoa recibían un duro varapalo al reclamarles una fianza de cuatro mil euros que deberían depositar en un plazo de ocho días.
El abogado de la acusación ha recurrido la decisión, lo que ha ampliado el plazo hasta la resolución del recurso. Sin embargo, aún necesitan reunir el dinero y para ello han iniciado una campaña pública de recogida de fondos.
Varias entidades vecinales y políticas de Leganés se han unido a este objetivo, además de personas particulares que han querido ayudar a los especialistas.
Los trabajadores han reunido más de tres mil euros
Cuando Esteban entró en el quirófano ya había conocimiento de la pandemia y todos los que participaron se vieron obligados a hacerlo con la única protección de las mascarillas quirúrgicas que se utilizaban en cualquier operación.
Poco después el chico avisó a los responsables del centro de la posibilidad de su contagio ya que comenzaba a manifestar síntomas pero no le permitieron darse de baja. Sin embargo, un treinta por ciento de la plantilla del hospital terminaría contagiada durante el periodo más duro de la epidemia.
El 30 de enero de ese mismo año, la OMS había dado la alarma. En el Hospital Severo Ochoa nadie se había dado por enterado y además el centro arrastraba diez años de recortes, unos recortes que los denunciantes en este caso relacionan con lo sucedido y atribuyen a los beneficios que podría recibir el director gracias al ahorro, llegando a cobrar hasta 88.000 euros como complemento de productividad por estos recortes de gastos en el hospital que redundaban en beneficios para sí mismo.
La denuncia contempla más acusaciones, la posible muerte de veinte pacientes por la gestión de la pandemia, el treinta por ciento de los contagios en plantilla, la inexistencia de un plan de contingencia ni protocolo, la saturación de las UCI y el hecho de que estas unidades se quedaran sin techo dos veces por el deterioro de las instalaciones así como el secretismo de la dirección.
Son acusaciones que deben demostrar para que se abra juicio una vez termine la investigación por parte del juez y la fiscalía.
La denuncia que el magistrado ha admitido a trámite es por "homicidio y sus formas". Ahora es necesario reunir el dinero de la fianza para que los abogados de las víctimas puedan estar presentes en el proceso. De lo contrario, los denunciantes perderían cualquier posibilidad de intervenir en un proceso que quedaría en manos de la fiscalía. Hacen falta cuatro mil euros. Según los trabajadores ya se han reunido más de tres mil.