El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid ha registrado una moción en el Pleno municipal para instar al alcalde, José De la Uz, a asumir responsabilidades políticas por la gestión y las actuaciones desarrolladas en la Concejalía de Servicios Sociales tras conocerse el último informe al que hemos tenido acceso.
A comienzos de 2025, señalan los socialistas roceños, que se hizo pública una sentencia que condenaba al Ayuntamiento por vulnerar el derecho fundamental a la integridad física y moral de una trabajadora de la Concejalía de Servicios Sociales, en su vertiente caso de acoso laboral. La resolución recogía hechos probados que denominan "de extrema gravedad" y obligaba a restituir a la trabajadora en sus funciones, así como a reparar las consecuencias derivadas de dicha vulneración.
Explican que no se trataba de un caso aislado. "Existía una sentencia firme previa de octubre de 2022 por vulneración de derechos fundamentales y otra condena posterior en diciembre de 2024". Además, distintos informes internos y externos, incluidos los de prevención de riesgos laborales y evaluaciones especializadas, "alertaban de indicios claros de acoso laboral y de un grave deterioro del clima laboral en el área."
Aún así, denuncia que el Ayuntamiento reconoció que no había activado protocolo alguno, al carecer en ese momento de un protocolo de acoso actualizado y publicado, tal y como exige la ley.
Tras conocerse la primera sentencia, el Grupo Municipal Socialista remitió un escrito a Alcaldía expresando su solidaridad con la víctima y solicitando la depuración de responsabilidades políticas, entre ellas el cese del Director General y la dimisión de la Concejala de Servicios Sociales. En ese mismo escrito se pedían responsabilidades al área de Prevención de Riesgos Laborales y se reclamaba la creación de una comisión de investigación, al amparo del Reglamento Orgánico Municipal.
Los socialistas señalan, además, la propuesta fue rechazada por el equipo de Gobierno, que también descartó una moción apoyada por el conjunto de la oposición. Mientras tanto, señalan que "se insistía en la necesidad de cumplir la ley en materia de protocolo de acoso, plan de igualdad y canal anónimo de denuncias".
Se pedían responsabilidades al área de Prevención de Riesgos Laborales
Más allá de las resoluciones judiciales, los socialistas señalan que "la situación ha tenido consecuencias directas en el funcionamiento de los Servicios Sociales municipales". Denuncian que se han dado "recortes en personal, externalizaciones, retrasos en la tramitación de ayudas, reducción presupuestaria y un alarmante incremento de bajas laborales que llegó a afectar a cerca del 40% de la plantilla en determinados momentos".
El área de Mujer y los servicios vinculados a la atención en violencia de género, reseñan que también "han sufrido una pérdida de recursos y estructura" que, según señalan "repercute directamente en los vecinos y vecinas más vulnerables". “No estamos ante un error puntual, sino ante una cadena de negligencias políticas que nadie ha querido asumir”, señala Álvarez.
Un año después de las primeras exigencias, el último informe conocido, emitido por el Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación a petición del propio Ayuntamiento, vuelve a poner de manifiesto "la falta de actuación del equipo de gobierno, no se ha cumplido íntegramente la sentencia en cuanto a la restitución de funciones, la dirección del área agravó la situación por inacción y que la falta de personal y los recortes hacen inviable una correcta prestación del servicio".
A pesar de la gravedad de estas conclusiones, las medidas adoptadas hasta la fecha son claramente insuficientes y carecen de un calendario concreto de ejecución. Tras el conocimiento del último informe al que han tenido acceso, el Grupo Municipal Socialista reitera su petición de ceses y dimisiones. Explican que "la gravedad de los hechos, las sentencias condenatorias y la reiterada falta de actuación política" hacen "insostenible" la continuidad de los actuales responsables.
Los socialistas roceños consideran que no basta con medidas administrativas parciales, se trata de una cuestión de responsabilidad política. “El alcalde debe asumir responsabilidades políticas por mantener en sus puestos a quienes han sido señalados por sentencias e informes reiterados y por permitir el deterioro de un área esencial para los vecinos y vecinas de Las Rozas”, subraya Ángel Álvarez, portavoz socialista en el ayuntamiento.
Desde el Grupo Municipal Socialista sentencian que seguirán "defendiendo la dignidad de las trabajadoras y trabajadores municipales y la calidad de unos Servicios Sociales públicos que protejan a quienes más lo necesitan”.