La contratación del servicio de seguridad privada para las Fiestas Patronales de 2025 en Serranillos del Valle ha abierto un nuevo frente político en el municipio. El Grupo Municipal del Partido Popular ha denunciado una posible adjudicación irregular a la empresa NCS Seguridad S.L., mientras que el alcalde, Rubén Fernández, niega que existieran irregularidades en la contratación.
El portavoz popular, Juan Manuel Quintana Bueno, ha explicado a este medio que la denuncia parte de la documentación municipal relativa al reconocimiento extrajudicial de créditos de 2025. Entre las facturas figura una de 14.495,80 euros por el “servicio de seguridad sin arma Fiestas Patronales de Serranillos del Valle 2025”, correspondiente a los días 8, 9, 15 y 16 de agosto.
Según el informe de Intervención, el expediente fue objeto de reparo suspensivo por insuficiencia de crédito y ausencia de trámites esenciales, al no existir consignación presupuestaria adecuada ni expediente completo conforme a la normativa. La Interventora comunicó la suspensión de la tramitación al órgano gestor. Posteriormente, la Alcaldía, aún en la época de Iván Fernández como regidor, elevó al Pleno una propuesta para resolver la discrepancia y reconocer extrajudicialmente las obligaciones derivadas de las facturas, alegando que los servicios ya se habían prestado y que no abonarlos supondría un enriquecimiento injusto de la Administración.
El PP vincula este caso con una información publicada por El Debate sobre la misma empresa en el Ayuntamiento de Alcorcón, donde, según esa publicación, habría sido excluida por presentar certificados negativos de Hacienda y Seguridad Social.
En este contexto, Quintana registró el pasado 17 de febrero de 2026 una solicitud formal de acceso a los expedientes completos de contratación de NCS Seguridad correspondientes a 2023, 2024 y 2025, incluyendo contratos, informes técnicos y de Intervención, resoluciones de adjudicación y los certificados acreditativos de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social en el momento de cada contratación.
“Si se confirma que la empresa no reunía los requisitos legales para contratar, estaríamos ante una situación gravísima que afectaría directamente a la legalidad de los contratos y a la correcta gestión del dinero público”, ha señalado el portavoz popular, quien insiste en que no cuestionan la necesidad de reforzar la seguridad en las fiestas, sino “la forma en que se adjudican los contratos”.
La versión del alcalde
Por su parte, el alcalde Rubén Fernández ha negado que existan irregularidades de fondo. Según ha explicado a este medio, NCS Seguridad es una empresa que lleva trabajando con el Ayuntamiento “desde hace diez años” y también presta servicio en municipios de la zona “sin ningún tipo de problema”.
Fernández asegura que en agosto, cuando se prestó el servicio de las fiestas patronales, la empresa se encontraba al corriente de pago y que el Consistorio no recibió ninguna comunicación en sentido contrario. “En ese momento la empresa está bien”, afirma.
El alcalde reconoce, no obstante, que la contratación se realizó sin consignación presupuestaria previa, lo que obligó posteriormente a tramitar un reconocimiento extrajudicial de créditos para poder abonar las facturas.
Asimismo, explica que en octubre el Ayuntamiento recibió una notificación de Hacienda comunicando que la empresa no se encontraba al corriente de pago y que, como administración pública, en ese caso debía abonarse la cantidad correspondiente a Hacienda y Seguridad Social. Sin embargo, sostiene que cuando en diciembre se procedió a tramitar los pagos, la empresa ya había regularizado su situación.
“Está todo bien”, resume el alcalde, quien insiste en que el problema fue estrictamente presupuestario y no relacionado con la legalidad de la empresa en el momento de la prestación del servicio.
El cruce de versiones deja ahora el asunto pendiente del análisis de la documentación solicitada por el PP. Mientras los populares advierten de que impulsarán iniciativas políticas y legales si se confirman irregularidades, el equipo de Gobierno defiende que en todo caso hubo un error administrativo, habitual en la gestión municipal, y que no afecta a la validez del servicio prestado.