A las puertas del inicio de la semana del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid, el debate político y legislativo se traslada al epicentro de los derechos humanos. Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y portavoz en materia LGTBI, analiza los retos del colectivo, la inminente votación en el Congreso para la reforma del Código Penal y la delicada situación autonómica bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso.
Para Rivero, la celebración de este año coincide con un hito histórico fundamental: la tipificación como delito de las llamadas "terapias de conversión". "Yo creo que este tema va a ser el crucial junto con el aumento, lamentablemente, de los delitos de odio contra las personas LGTBIQ+", señala el diputado socialista, poniendo el foco en la necesidad de blindar jurídicamente la integridad de las personas frente a estas prácticas.
De la sanción administrativa al Código Penal
Si bien es cierto que hasta la fecha, gracias a la Ley LGTBI y Trans estatal del año 2023, se había logrado homogeneizar el criterio de sanción administrativa sobre las terapias de conversión en todo el Estado —independientemente de la existencia o no de una ley autonómica—, el paso regulatorio actual supone un salto cualitativo definitivo. El texto que se espera debatir mañana en la mesa del Congreso de los Diputados, incluirá formalmente estas prácticas dentro del Código Penal como un delito.
El diputado socialista recuerda que esta medida responde a un consenso internacional inequívoco. La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) define estas terapias como "una forma de tortura". Al respecto, Rivero se muestra contundente: "Esta no es una cuestión que nos sacamos de la manga los y las socialistas, sino que es una práctica que está criminalizada a nivel internacional. Hacer pasar a una persona por un pseudo tratamiento para cambiar su orientación sexual o su identidad de género, desde luego, a la mayoría de los mortales nos parece casi de risa".
La postura de la derecha y las enmiendas "peligrosas" del PP
A pesar de la gravedad de estas prácticas, la condena no se percibe de manera unánime en el arco parlamentario. Tanto el Partido Popular como VOX manifestaron su oposición votando en contra de la inclusión de estas terapias en el Código Penal. Rivero apunta que, si bien la formación de Santiago Abascal "está en contra de todos los avances en materia LGTBI", irónicamente sus miembros hoy disfrutan de conquistas sociales como el matrimonio igualitario, una de las tantas luchas históricas del colectivo.
Especial atención merece para el diputado la estrategia del Partido Popular, que presentó tres enmiendas específicas orientadas a descafeinar y modificar el alcance de la ley penal, calificadas por el socialista como "profundamente peligrosas". La primera propuesta popular pedía eliminar el término "identidad de género", de tal manera que las terapias estuvieran prohibidas para homosexuales o bisexuales, pero resultaran "legales para las personas trans".
En la segunda cuestión, el PP pretendía suprimir el término de expresión de género, conocido coloquialmente como "la pluma". Rivero advierte que esto es alarmante, ya que "una de las victorias del colectivo fue incluir la expresión de género como una forma de discriminación; tu forma de expresarte no te hace ser o no ser del colectivo".
La tercera iba encaminada a la "voluntariedad", es decir, buscaba dictaminar que si una persona se somete de forma supuestamente voluntaria a una terapia de conversión, esta dejara de ser ilegal, un supuesto que el diputado tacha de inadmisible debido a la coerción psicológica y social subyacente.
El escenario en Madrid: "Ayuso vuelve a postulados de hace 20 años"
Rivero no oculta su preocupación por cómo esta postura del Partido Popular se traduce de forma directa en la política regional de la Comunidad de Madrid. El socialista recuerda la evidente contradicción en la trayectoria de la actual presidenta autonómica: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se encuentra inmerso en la reforma y recorte de la Ley LGTBI y la Ley Trans que se aprobaron originalmente durante el mandato de Cristina Cifuentes. "Ella era diputada y votó a favor" del primer texto, subraya Rivero, recordando que la presidenta respaldó activamente en su día el marco legislativo que ahora desmantela (si bien en la votación de la Ley Trans regional su partido se abstuvo).
El texto de la reforma madrileña, que actualmente permanece bajo revisión en el Tribunal Constitucional, supone a ojos del portavoz socialista un retroceso flagrante en el que "vuelven a postulados de hace 20 años".
Finalmente, Santiago Rivero lamenta la falta de consenso y de altura política en la Asamblea regional. Explica que uno de los objetivos prioritarios que se marcó a su llegada al parlamento madrileño fue lograr no solo que el Partido Popular votara a favor de las iniciativas en favor de los derechos LGTBIQ+, sino que dieran el paso de proponerlas ellos mismos. Una meta que, tras lo visto en el último pleno de la Asamblea de Madrid, parece estar muy lejos de llegar a buen puerto.
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