El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado a la mesa de diálogo social una propuesta para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 un 3,1%, lo que situaría su cuantía en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, frente a los 1.184 euros actuales. La propuesta, presentada tras la recomendación de la Comisión de Expertos que asesora al Gobierno, mantiene el SMI exento de tributación por IRPF y se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero una vez sea aprobada.
Esta propuesta de incremento, que supone un avance moderado del salario mínimo en comparación con la inflación y el coste de vida, se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo por mantener el SMI en torno al 60% del salario medio español, tal y como recoge la Carta Social Europea. En los últimos siete años, el SMI se ha incrementado un 61% desde los 735 euros de 2018, pasando por etapas como los 1.184 euros fijados para 2025.
La primera reunión de 2026 entre el Ministerio, representantes sindicales y de la patronal ha abierto negociaciones que se prevén intensas. Las principales organizaciones sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han calificado la propuesta gubernamental de insuficiente y han reclamado públicamente un aumento más ambicioso cercano al 7,5%, que situaría el SMI en torno a 1.273 euros mensuales, y han insistido en la necesidad de que el salario mínimo comience a tributar para extender su cobertura real.
Por su parte, la patronal -representada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Cepyme- ha advertido que incrementos salariales más elevados podrían acentuar la presión de costes sobre las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales siguen con márgenes ajustados ante una recuperación económica desigual. Las organizaciones empresariales han mantenido que su propuesta inicial se situaba en un incremento del 1,5%, y han abogado por medidas complementarias que permitan amortiguar el impacto en sectores más vulnerables.
Entre las cuestiones aún por resolver figura la posible tributación del SMI y la revisión de las reglas de absorción y compensación salarial, una demanda sindical que choca con la resistencia de la patronal a cambiar la normativa que permite neutralizar el efecto de las subidas mediante complementos.
Desde el Gobierno estiman y defienden que la propuesta de subida del Salario Mínimo es equilibrada ya que apuesta por la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad económica. Desde el PSOE y Sumar se ha subrayado que esta subida contribuye a reducir la desigualdad y a respaldar a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La oposición ha cuestionado el alcance de la medida, calificándola de “insuficiente” para hacer frente a los incrementos de precios de bienes básicos como vivienda, energía y alimentación, y ha instado a acelerar reformas estructurales que impulsen productividad y empleo.
UGT ha emitido un comunicado señalando que “el incremento propuesto no guarda coherencia con la realidad del coste de vida y las propuestas técnicas elevadas por los sindicatos”, y ha advertido de que “si no se escuchan nuestras demandas, se contemplarán movilizaciones en defensa de un SMI que no puede quedarse atrás de la inflación”.
CCOO ha insistido en que un SMI más ambicioso “serviría para dinamizar el consumo interno y fortalecer el mercado laboral”, aunque ha reconocido que el diálogo social es la vía para alcanzar un acuerdo.
En contraste, CEOE ha destacado la necesidad de “garantizar la viabilidad de las empresas, especialmente pymes y autónomos, para no poner en riesgo empleo en sectores de menor productividad”.
Las negociaciones continuarán en los próximos días, con la expectativa de que tanto sindicatos como patronales presenten contrapropuestas formales antes de que el Gobierno someta la cifra definitiva al Consejo de Ministros para su aprobación legal.