El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que revaloriza las pensiones del sistema de la Seguridad Social, las de Clases Pasivas del Estado y otras prestaciones para 2026, con incrementos efectivos desde el 1 de enero y un aumento general del 2,7% en las pensiones contributivas, mayores para las pensiones mínimas y no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.
Esta decisión se produce tras el fracaso en el Congreso de un anterior decreto “ómnibus”, que vinculaba la revalorización de las pensiones con el denominado escudo social y otras medidas (como la moratoria de desahucios y prohibiciones de cortes de suministros básicos). El pasado 27 de enero, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, el Congreso tumbó ese texto conjunto, lo que hizo decaer también la subida de las pensiones incluida en él.
Ante la falta de apoyos suficientes para convalidar el decreto completo, el Ejecutivo ha optado por dividir el paquete en dos textos distintos: uno que contiene exclusivamente la revalorización de las pensiones (el aprobado por el último Consejo de Ministros) y otro que engloba el resto de medidas del escudo social. La intención del Gobierno es facilitar la convalidación parlamentaria de la subida de las pensiones al aislarla de los puntos más controvertidos.
Dirigentes del PP han argumentado que su rechazo al decreto “ómnibus” se debió a que estaba “trufado” de medidas con las que no estaban de acuerdo, como la moratoria de desahucios, y han exigido que la revalorización de las pensiones se vote por separado. Juan Bravo, diputado del PP, ya defendió hace unos días que si el Gobierno quiere la subida de las pensiones debe presentarla en un texto “limpio” sin otras cuestiones sociales incluidas, como así ha ocurrido finalmente
Por su parte, Junts también ha desempeñado un papel clave en el rechazo al decreto inicial que incluía conjuntamente la subida de las pensiones y las medidas del escudo social. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha celebrado que su formación “haya forzado” al Gobierno a separar la revalorización de las pensiones del resto del paquete, aunque ha advertido que aún están pendientes de estudiar con detalle el contenido final de los textos y sus posibles implicaciones.
A pesar de los movimientos del Gobierno, Junts ya ha dejado claro que volverá a votar en contra del segundo Decreto Ley que vuelve a incluir las medidas del escudo social. Los independentistas catalanes consideran algunos aspectos injustos o perjudiciales para determinados colectivos (como pequeños propietarios), lo que vuelve a complicar el respaldo a ese segundo decreto.
Para que el Real Decreto-ley de revalorización de las pensiones quede aprobado definitivamente, debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados tras su remisión desde el Gobierno. Si se convalida, la medida permanece en vigor; si no, podría decaer o requerir modificación o aprobación por vía de ley.
Aunque aún no se ha fijado una fecha oficial definitiva para la votación en el pleno, la lógica parlamentaria indica que la convalidación debe producirse en las próximas semanas, ya que el decreto ya está en vigor y sus efectos económicos -como el pago de las pensiones de febrero con la nueva cuantía- están condicionados a su ratificación.
El rechazo del anterior decreto el 27 de enero ha acelerado los plazos y obligado al Gobierno a actuar con rapidez para garantizar que la revalorización de las pensiones no quede sin efecto o con retraso.
Si el Congreso no convalida el decreto de pensiones antes de la votación prevista, existe la opción de aprobarlo posteriormente con carácter retroactivo, de forma que los pensionistas no pierdan el derecho al incremento aunque éste se aplique después.