La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y seis meses de prisión a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro, por delitos continuados de fraude y prevaricación. El tribunal considera probado que Granados utilizó su posición de poder para favorecer a la empresa de espectáculos Waiter Music en la adjudicación de contratos públicos entre los años 2007 y 2014.
La resolución se enmarca en la pieza separada número 7 de la macrocausa 'Púnica', un procedimiento en el que se ha juzgado a un total de 14 personas —entre antiguos regidores y técnicos municipales— por una red de adjudicaciones dirigidas en la región madrileña. El dueño de la productora musical beneficiada, José Luis H., no ha podido ser juzgado tras haber fallecido.
Contratos "a dedo" camuflados de legalidad
Según los hechos probados de la sentencia, Waiter Music monopolizó la organización de festejos, carnavales y cabalgatas de Reyes en una decena de municipios madrileños gobernados por el Partido Popular. Entre ellos se encuentran Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio.
Los magistrados detallan que los expedientes administrativos estaban "predeterminados" de antemano para que los contratos recayeran siempre en Waiter Music o en sociedades controladas por su propietario. A cambio del trato de favor, el empresario correspondía a los políticos con servicios "extra" fuera de factura, organizando de forma gratuita mítines y actos privados para el PP municipal o para sus dirigentes. Para sufragar estos costes, el empresario inflaba posteriormente los precios de las facturas cargadas a las arcas públicas.
El "impulsor" desde la sombra
La Audiencia Nacional subraya en el fallo que, aunque Granados no gestionaba directamente los expedientes, actuó como el "elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político". La resolución destaca que el exmandatario mantuvo una capacidad de influencia "continuada" sobre los ayuntamientos y se lucró mediante la recepción sistemática de "prestaciones en especie no retribuidas" en forma de eventos privados costeados por la trama.
Cascada de condenas y dos absoluciones
El tribunal también ha impuesto penas de prisión a otros cuatro antiguos regidores de la región:
- José Carlos Boza (exalcalde de Valdemoro): 4 años de cárcel.
- José Miguel Moreno (exalcalde de Valdemoro): 2 años de cárcel.
- María Ángeles Herrera (exalcaldesa de Ciempozuelos): 2 años de cárcel.
- Carlos Alberto Estrada (exalcalde de Moraleja de Enmedio): 2 años de cárcel.
Por el contrario, la Audiencia Nacional ha dictado la absolución de los exalcaldes de Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, además de la de otros dos acusados, al no quedar acreditada su participación en el entramado delictivo.