El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra ha aprobado en el pleno ordinario celebrado este 30 de octubre la creación de la Mesa de Prevención de Menores en Riesgo, un órgano de carácter institucional destinado a coordinar las actuaciones de las distintas administraciones, entidades sociales y centros educativos en materia de protección a la infancia y la adolescencia.
Según se puede leer en la propuesta de Alcaldía, esta iniciativa responde a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye a los municipios la competencia en la evaluación e intervención ante situaciones de necesidad social y riesgo de exclusión.
La Mesa tendrá como principal objetivo la prevención, detección e intervención en casos de desprotección o dificultad social que afecten a menores del municipio, así como la elaboración de propuestas de actuación y la coordinación de los recursos disponibles.
Se trata de un instrumento que busca “mejorar la calidad de vida de los menores y adolescentes de Cubas de la Sagra”, fomentando la colaboración entre los distintos agentes implicados, entre ellos los servicios sociales, la comunidad educativa, la policía local y organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja o Cáritas.
El nuevo órgano estará presidido por el alcalde, que podrá delegar esta función en la Concejalía correspondiente, y contará con una secretaría técnica y varios vocales procedentes de las áreas municipales de Servicios Sociales, Juventud y Seguridad Ciudadana. También participarán técnicos municipales, agentes tutores, educadores sociales y trabajadores sociales, así como representantes de los centros educativos y de entidades del tercer sector, con voz pero sin voto.
Entre las funciones principales de la Mesa destacan la coordinación de grupos de trabajo, el seguimiento de situaciones de riesgo o exclusión, la mediación en conflictos, la detección de absentismo escolar y violencia infantil o juvenil, y el análisis del entorno social y educativo de los menores.
La creación de esta Mesa se enmarca dentro de la legislación vigente en materia de protección a la infancia que refuerzan la protección integral de los menores frente a la violencia y promueven la coordinación institucional.