El futuro centro de protonterapia que se está edificando en el Hospital de Fuenlabrada será un equipamiento médico puntero y de primera categoría que elevará la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a los enfermos de cáncer. Pero hasta que entre en funcionamiento, la nueva infraestructura está sirviendo como arma arrojadiza entre el PP y el PSOE a nivel local.
Hace unas semanas, el PSOE se quejaba de que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, había visitado "a escondidas" las obras del centro. Y ahora es el PP el que acusa a los socialistas de no querer bonificar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) lo que ha desatado un nuevo enfrentamiento político entre el Partido Popular y el Gobierno municipal socialista.
El Partido Popular fuenlabreño ha denunciado que el Ejecutivo liderado por el alcalde Javier Ayala ha rechazado aplicar una bonificación de hasta el 50% en este impuesto para el proyecto sanitario, una medida que consideran “injustificada” dado el carácter público y estratégico de la infraestructura.
Según los populares, la ordenanza fiscal municipal contempla este tipo de bonificaciones cuando existe un interés social o utilidad pública, algo que -defienden- “se cumple de forma evidente” en un centro destinado a la lucha contra el cáncer. La presidenta del PP local, Ana Millán, ha criticado que “si una instalación sanitaria que puede salvar vidas no es de interés público, ¿qué lo es?”.
El PP también acusa al Gobierno local de aplicar un “doble rasero”, al asegurar que sí se están concediendo beneficios fiscales en otros proyectos mientras se rechazan en este caso. Además, eleva el tono político al atribuir la decisión a una supuesta “venganza” por motivos partidistas vinculados a la reciente visita de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a la ciudad.
El PSOE rechaza de forma categórica las acusaciones
Por su parte, el Gobierno municipal rechaza estas acusaciones y sostiene que la bonificación del ICIO no beneficiaría al sistema sanitario ni a los vecinos, sino exclusivamente a la empresa adjudicataria de las obras.
Desde el Ejecutivo local explican que el pliego de licitación aprobado por la Comunidad de Madrid establece que es la empresa constructora la que debe asumir el pago del impuesto. Además, subrayan que el coste de la obra -superior a los 11 millones de euros- ya está fijado, por lo que una eventual bonificación no reduciría el gasto público, sino que incrementaría el margen de beneficio de la empresa.
En este sentido, fuentes municipales cuestionan “qué interés tiene el PP en beneficiar a una empresa privada a costa de los bolsillos de los vecinos”, insistiendo en que se trata de una actividad lucrativa que debe cumplir con sus obligaciones fiscales.
El Gobierno local también apunta a la propia Comunidad de Madrid, señalando que tenía la posibilidad legal de declarar la obra de interés regional, lo que habría eximido del pago del ICIO. Según recuerdan, este mecanismo sí se utilizó en otras actuaciones, como en la reforma del edificio de La Cantueña como centro de menores, pero no en el caso del centro de protonterapia.
El debate evidencia dos interpretaciones opuestas: mientras el PP defiende la bonificación como una herramienta para impulsar infraestructuras sanitarias, el Ejecutivo municipal la considera una medida injustificada que trasladaría un coste privado a las arcas públicas.