El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha implantado una nueva medida que restringe el acceso a la Tarjeta de Transporte Público (TTP) y a sus respectivos descuentos exclusivamente a las personas empadronadas en la región. La norma, que entró en vigor el pasado 15 de junio, ha generado un fuerte rechazo político y social, abriendo un nuevo frente de conflicto entre la administración autonómica y el Gobierno central.
Desde la oposición madrileña, Javier Guardiola, diputado y portavoz de Vivienda y Transportes del Grupo Parlamentario Socialista, ha criticado duramente la iniciativa. Según Guardiola, la medida se ha aprobado "por la puerta de atrás" y resulta "discriminatoria". Asimismo, el portavoz socialista ha reprochado la incoherencia política del Ejecutivo autonómico al señalar que "mientras Ayuso aplaudía los discursos del Papa, vemos que estaban gobernando haciendo lo contrario".
Por su parte, el Ministerio de Transportes del Gobierno de España ha tildado la norma de "regresiva" además de "discriminatoria", advirtiendo que podría excluir a miles de usuarios habituales de la red de transportes. Ante la gravedad de la situación, el área de Óscar Puente ya ha solicitado una reunión urgente de la comisión de seguimiento.
Dos modelos de gestión contrapuestos
Guardiola también ha señalado la "dicotomía" que existente entre las dos administraciones. Mientras el Gobierno de Ayuso pedirá el empadronamiento en Madrid, el Ministerio de Transportes "universaliza" el transporte público a través del plan 'Verano Joven 2026' con descuentos de hasta el 90% para jóvenes de 18-30 años y el Abono Único a 30 euros al mes para menores de 26
El Gobierno regional sostiene su norma en la aplicación de Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid (la ley fundacional del CRTM), modificada en 2011. En concreto, su artículo 14.4 recoge que “El Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid sólo financiará, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y en aquellas otras Comunidades Autónomas con las que se hubieran suscrito convenios.”
El debate sobre la financiación y los impuestos
El argumento central de la Comunidad de Madrid es que los descuentos deben reservarse para quienes contribuyen con sus impuestos al sistema regional mediante el padrón. Sin embargo, Guardiola tacha este razonamiento de "falacia", argumentando que "el empadronamiento es un trámite, pero la gente que trabaja, que reside o que consume o que está de alquiler aquí, está aportando con sus impuestos también".
Aunque la presidenta madrileña ha intentado "recoger cable" anunciando futuros convenios de colaboración con otras regiones para que estudiantes y universitarios no residentes puedan acceder a la TTP, el PSOE considera que esta solución es del todo insuficiente. Para el grupo socialista, la única salida viable es la derogación total de la norma puesto que, en palabras de Guardiola, antes de la misma "no había ningún problema al que poner solución, lo ha generado la señora Ayuso".
Ante este escenario, el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid ya se encuentra preparando sus próximas acciones para revertir la medida. ¡Dale al play y entérate de todo!